La Audiencia Provincial de Madrid avala que Begoña Gómez y su asistente sean juzgadas por malversación y tráfico de influencias. El tribunal descarta otros delitos y marca límites a la instrucción del juez Peinado.
La Audiencia Provincial de Madrid ha dado un giro clave en la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, al confirmar que será juzgada por un jurado popular por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. El tribunal ha descartado finalmente los cargos de corrupción en los negocios y apropiación indebida, acotando así el alcance del proceso tras más de dos años de una instrucción marcada por recursos, anulaciones y correcciones a las decisiones del juez Juan Carlos Peinado.
La resolución, comunicada este jueves, llega tras una larga cadena de impugnaciones y rectificaciones. Durante la instrucción, Peinado acumuló tres querellas por supuestas irregularidades y múltiples recursos, muchos de los cuales han sido resueltos por la Audiencia Provincial. Entre los investigados figuraban también el empresario Carlos Barrabés y la asistente de Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez, aunque el tribunal ha dejado fuera del procedimiento a Barrabés y ha limitado la imputación a Gómez y Álvarez.
El tribunal ha mostrado una relación ambivalente con el juez instructor. En ocasiones ha respaldado sus decisiones, como al mantener la investigación por malversación, y en otras ha anulado diligencias clave. Por ejemplo, la Audiencia tumbó el registro en la sede de las empresas de Barrabés y frenó el análisis de su móvil, argumentando que la búsqueda de la verdad no puede vulnerar derechos fundamentales. También anuló la imputación del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y de Juan José Güemes, al considerar que carecía de base y reprochó que se les tomara declaración como testigos antes de ser investigados.
En otro momento, la Audiencia ratificó la investigación sobre la contratación de Álvarez en La Moncloa, apuntando a una posible “estructura institucionalizada de poder” que habría permitido desviar funciones. Sin embargo, el tribunal también frenó el intento de Peinado de investigar el rescate a Air Europa, al considerar que la resolución carecía de motivación suficiente, y ordenó desimputar al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por falta de indicios.
El proceso ha estado marcado por decisiones contradictorias. En enero de 2026, la Audiencia anuló el envío de Gómez a juicio con jurado popular por falta de fundamentación, exigiendo una mayor concreción de los hechos. No obstante, en julio de 2026, el tribunal avaló finalmente que Gómez y Álvarez sean juzgadas por un jurado, excluyendo otros delitos y ordenando la devolución de sus pasaportes y la suspensión de la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.
Este caso ha generado un intenso debate sobre los límites de la instrucción judicial y el papel de los tribunales de garantías. La Audiencia ha insistido en la necesidad de motivar cada medida y respetar los derechos fundamentales de los investigados. El procedimiento sigue abierto a nuevas solicitudes de apertura de juicio y modificación de conclusiones por parte de las partes implicadas.
El contexto judicial en Madrid ha estado especialmente tenso en los últimos meses, con varios procesos de alto perfil y decisiones que han impactado en la agenda política nacional. En este sentido, la relación entre los tribunales y el Gobierno ha sido objeto de atención, como ocurrió recientemente con la presión sobre la aplicación de la ley de amnistía, un tema que también ha generado debate en la capital, según se recoge en informaciones previas sobre la exigencia del Gobierno a los tribunales.
Como dato relevante, la Audiencia Provincial de Madrid ha dejado claro que el empresario Carlos Barrabés no será juzgado en este procedimiento, corrigiendo así informaciones anteriores. El caso de Begoña Gómez se suma a una serie de procesos judiciales recientes que han puesto a prueba la independencia y el control de las actuaciones de los jueces instructores en España. La evolución de este proceso será clave para entender los equilibrios entre poder judicial y ejecutivo en los próximos meses.
