Cristina Narbona comparece como testigo en la Audiencia Nacional. Niega cualquier conocimiento sobre la supuesta trama de Leire Díez. El caso apunta a intentos de influir en procesos judiciales clave.
Cristina Narbona, presidenta del PSOE, ha declarado este miércoles en la Audiencia Nacional como testigo en la investigación sobre la presunta trama organizada por Leire Díez, exmilitante socialista. Narbona aseguró ante el juez Santiago Pedraz que desconocía por completo cualquier maniobra interna vinculada a Díez y subrayó que nunca tuvo información sobre actividades irregulares dentro del partido.
La citación de Narbona fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción tras un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Dicho informe señalaba que Narbona mantuvo conversaciones por WhatsApp con Leire Díez en abril de 2024, coincidiendo con la publicación de la Carta a la Ciudadanía por parte de Pedro Sánchez, después de que se conociera la investigación judicial sobre su esposa, Begoña Gómez. En esos mensajes, Díez ofrecía “ayuda cualificada” para gestionar la situación y contrarrestar los ataques al presidente del Gobierno. Narbona, según su testimonio, entendió que la militante se refería a información sobre la familia de Sánchez y la remitió directamente a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE.
Durante su comparecencia, Narbona detalló que conoció a Leire Díez en 2017 en Santander y que, tras algunos encuentros iniciales, la relación se limitó a intercambios puntuales. Años después, Díez le comunicó que poseía datos que podrían ser relevantes, pero Narbona insistió en que nunca recibió archivos ni información concreta. Ante el juez, reiteró que su única intervención fue derivar a Díez hacia Cerdán, quien posteriormente le confirmó que no había recibido nada de interés por parte de la exmilitante.
La presidenta del PSOE también señaló que el sumario judicial revela “indicios preocupantes” sobre la actuación de Díez, aunque recalcó su respeto por la presunción de inocencia. Narbona afirmó que ha aportado toda la información de la que dispone y pidió dejar que la justicia siga su curso. El caso se enmarca en una serie de investigaciones sobre intentos de desestabilizar procesos judiciales que afectan tanto al partido como al Gobierno.
El contexto de esta declaración se suma a otros procedimientos judiciales recientes que han salpicado a figuras cercanas al entorno de Pedro Sánchez. Por ejemplo, la Audiencia de Badajoz condenó a David Sánchez, hermano del presidente, a nueve años de inhabilitación por prevaricación, aunque descartó la prisión y el tráfico de influencias, como se recoge en una reciente resolución judicial. Estos casos reflejan la creciente presión sobre el PSOE y su dirección en un momento de especial sensibilidad política y judicial.
La Audiencia Nacional continúa analizando los indicios aportados por la UCO y la Fiscalía, mientras el partido insiste en su colaboración con la justicia. El caso de Leire Díez pone de relieve la vigilancia interna sobre posibles intentos de manipulación de procesos judiciales y la importancia de la transparencia en la gestión de crisis dentro de las formaciones políticas españolas. La evolución de este procedimiento será clave para determinar si existieron responsabilidades más allá de la exmilitante investigada.
En España, la Audiencia Nacional es el órgano encargado de los casos de especial relevancia, como delitos de corrupción o tramas organizadas. El PSOE, por su parte, ha reiterado en varias ocasiones su compromiso con la legalidad y la transparencia, especialmente en un contexto donde la confianza pública en las instituciones es un factor decisivo para la estabilidad política. La investigación sobre Leire Díez se suma a una serie de procedimientos que han puesto bajo escrutinio a partidos y cargos públicos en los últimos años, reflejando la exigencia de mayor control y rendición de cuentas en la vida política nacional.
