La Policía Nacional arresta a cuatro operarios por imprudencia grave tras un incendio en Benicalap. El caso da un giro y respalda la versión de la familia gitana desalojada. Ochenta vecinos tuvieron que ser evacuados.
El incendio que arrasó este jueves los bajos de dos edificios en la calle Picayo, en el barrio valenciano de Benicalap, ha dado un giro inesperado. La Policía Nacional ha detenido a cuatro operarios que realizaban trabajos de soldadura y cierre en el local, acusados de un presunto delito de imprudencia grave. La intervención policial se produjo después de que el fuego, declarado sobre las 16:00 horas, obligara a desalojar a unos 80 vecinos y generara una densa columna de humo visible en gran parte de Valencia. Aunque no hubo heridos, la magnitud del siniestro forzó a la mayoría de los afectados a pasar la noche en centros municipales y hoteles.
La detención de los trabajadores ha cambiado el foco de la investigación y respalda la versión de la última familia gitana que ocupaba el bajo, señalada inicialmente por algunos vecinos como responsable del incendio. Según fuentes policiales, los operarios —dos argelinos, un español y un rumano, de entre 35 y 49 años— estaban utilizando maquinaria eléctrica para soldar en un entorno con materiales inflamables, como neumáticos acumulados, lo que habría facilitado la propagación de las llamas. La policía llegó a interrogar a Isabel, miembro de la familia desalojada, pero finalmente no fue arrestada tras presentar un vídeo grabado desde un edificio cercano, en el que se observa a los operarios saliendo del local poco después de iniciarse el fuego.
El contexto del suceso es especialmente tenso: los bajos afectados habían sido ocupados durante años por hasta diez familias numerosas, y el día del incendio coincidía con el último plazo judicial para abandonar el inmueble. La mayoría de los ocupantes ya se había marchado, pero aún permanecían en el lugar varios familiares de Isabel. La situación había generado malestar entre los vecinos, que denunciaban insalubridad y amenazas por parte de los ocupantes, según declaraciones recogidas por EFE. Tras el desalojo, la familia gitana ha solicitado ayudas sociales y un alojamiento alternativo.
Este caso recuerda la complejidad de las intervenciones policiales en situaciones de conflicto social y ocupación de viviendas, donde las versiones de los hechos pueden variar radicalmente según los testimonios y las pruebas disponibles. En otras ocasiones, la actuación de las fuerzas de seguridad en entornos urbanos ha generado debate, como ocurrió en Madrid cuando agentes acudieron a la sede de un medio de comunicación para ejecutar una orden de detención, un episodio que fue ampliamente comentado en medios nacionales y que puede consultarse en este análisis sobre la intervención policial en EDA TV.
El incendio de Benicalap pone de relieve la importancia de extremar las precauciones en trabajos con riesgo de fuego, especialmente en entornos urbanos y con materiales inflamables. Según datos municipales, los desalojos por ocupación en Valencia han aumentado en los últimos años, lo que incrementa la presión sobre los servicios sociales y de emergencia. La coordinación entre autoridades, propietarios y colectivos vulnerables sigue siendo un reto para evitar incidentes y garantizar soluciones habitacionales dignas. El caso sigue bajo investigación policial y judicial, mientras los vecinos esperan recuperar la normalidad en la zona.
