Un tribunal aumenta las compensaciones a los residentes de San Fernando de Henares por casas destruidas. Los vecinos de San Fernando de Henares logran su primera victoria judicial por las compensaciones debido a la destrucción de viviendas causada por la línea 7B del metro. La sentencia eleva los pagos, aunque muchos afectados no han llegado a ver su resolución. Las autoridades siguen buscando soluciones para cientos de familias.
En San Fernando de Henares, un suburbio de Madrid, un tribunal aumentó por primera vez la cuantía de la indemnización para los vecinos cuyas viviendas fueron destruidas por el hundimiento del suelo tras la construcción de la línea 7B del metro. Según informa EL PAÍS, una de las familias recibirá 89.000 euros más de lo que ofrecía la administración, alcanzando así un total de 362.000 euros. Esta decisión sienta un precedente para otras 30 familias que esperan compensaciones similares.
El problema comenzó en 2007, cuando las obras del metro alteraron la estructura del suelo: el agua reaccionó con las sales presentes en la tierra, causando el hundimiento de los edificios. En los últimos años se han derribado 73 viviendas en San Fernando de Henares, cientos de personas se han quedado sin hogar y alrededor de 300 edificios presentan grietas y daños. A pesar de que las autoridades reconocieron su responsabilidad, los vecinos consideraron insuficientes las compensaciones ofrecidas y acudieron a los tribunales.
Muchos de los afectados no vivieron para ver la sentencia. Entre ellos se encuentra Marciala, que pasó sus últimos años en un hotel y una residencia de ancianos tras ser evacuada de su casa. Según representantes de la asociación de damnificados, para muchos esta victoria llega tarde y no puede compensar sus pérdidas.
Un estudio psicosocial encargado por la asociación de vecinos reveló graves consecuencias para la salud: se registraron casos de depresión, trastornos de ansiedad, insomnio, pérdida de empleo e incluso intentos de suicidio. Según la oposición, las autoridades regionales retrasaron el proceso de indemnización, obligando a los afectados a recurrir a los tribunales en lugar de resolver el problema directamente.
El gobierno de Madrid ya ha gastado más de 170 millones de euros en consolidar el terreno y restaurar el metro, que estuvo fuera de servicio durante tres años. Sin embargo, el problema persiste: cientos de viviendas en la zona de riesgo esperan evaluación y posible compensación. Las autoridades locales y los vecinos exigen a la administración regional decisiones definitivas y la reconstrucción de los edificios públicos dañados.
Para referencia: San Fernando de Henares es una ciudad de unos 40.000 habitantes. La línea 7B del metro se inauguró en 2007 y, desde entonces, ha sido fuente de problemas técnicos y sociales de forma reiterada. La situación de las compensaciones se ha convertido en uno de los temas más delicados para la región, y la decisión judicial podría influir en el criterio para futuras indemnizaciones en casos similares.
