El Ministerio de Defensa no apartará por ahora al teniente general Manuel Llamas, director adjunto operativo de la Guardia Civil, imputado en el caso Leire. La Asesoría Jurídica considera que no hay base suficiente para abrir expediente.
El Ministerio de Defensa ha decidido no suspender de funciones al teniente general Manuel Llamas, director adjunto operativo de la Guardia Civil, pese a su citación como investigado en el caso Leire. La Asesoría Jurídica General del Ministerio sostiene que, en el momento actual, no existen elementos suficientes para iniciar un expediente disciplinario ni para apartar temporalmente al número dos del cuerpo. Esta postura se mantendrá, al menos, hasta que avance la investigación judicial.
La decisión llega después de que el juez Pedraz citara a declarar tanto a Llamas como a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, el próximo día 16. Ambos están siendo investigados por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, en el marco de una supuesta trama destinada a frenar causas judiciales que afectarían al PSOE. El artículo 92 de la Ley del Régimen de Personal de la Guardia Civil contempla la suspensión de funciones en casos de procesamiento o medidas cautelares, pero deja margen a la discrecionalidad según la gravedad de los hechos y el impacto en la institución.
El informe jurídico, adelantado por la agencia Efe y consultado por EL PAÍS, subraya que no se puede valorar si los hechos que motivan la citación de Llamas constituyen una infracción disciplinaria. Además, señala que cualquier expediente disciplinario debería quedar en suspenso hasta la conclusión del proceso penal. Respecto a la suspensión de funciones, el informe indica que la petición realizada por el partido Iusticia Europa carece de legitimidad para ser considerada, aunque no descarta que el Ministerio actúe de oficio si la situación judicial evoluciona.
La presión sobre el Gobierno aumenta, ya que la mayoría de asociaciones de guardias civiles reclaman el cese tanto de la directora como del director adjunto operativo. Argumentan que, en casos similares, la suspensión de funciones suele aplicarse de forma casi automática a otros agentes imputados, lo que genera acusaciones de trato desigual. El Ejecutivo, sin embargo, se enfrenta a la dificultad de justificar la permanencia de ambos altos cargos cuando están imputados por los mismos delitos.
En el contexto de la investigación judicial, el juez Pedraz ha citado también a fiscales por reuniones con implicados en la trama, como se detalla en una reciente cobertura sobre las pesquisas en la Fiscalía. Este movimiento refuerza la atención sobre la gestión interna de la Guardia Civil y la respuesta de las autoridades ante las imputaciones de sus máximos responsables.
La suspensión de funciones en la Guardia Civil puede ser acordada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, por un periodo máximo de seis meses, mientras que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debe decidir si esa suspensión implica el cese en el destino. El caso Leire ha puesto en el centro del debate la aplicación de la ley y la coherencia en el trato a los altos mandos frente a otros agentes. El desarrollo de la causa judicial será clave para determinar si finalmente se adoptan medidas disciplinarias o de suspensión contra los implicados.
En España, la Guardia Civil es uno de los cuerpos de seguridad más antiguos y con mayor peso institucional. Las decisiones sobre sus altos cargos suelen tener repercusión política y mediática. El caso Leire, al implicar a la cúpula del instituto armado, ha generado un debate sobre la transparencia y la igualdad de trato en la aplicación de la normativa interna. La evolución del proceso judicial marcará los próximos pasos del Ministerio de Defensa y del Gobierno en este asunto.
