El magistrado Santiago Pedraz ha citado a declarar a dos fiscales por sus encuentros con personas investigadas en una supuesta trama para influir en procesos judiciales. La Fiscalía reconoce dos reuniones clave en 2025.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado la comparecencia como testigos de Diego Villafañe, ex teniente fiscal de la Secretaría Técnica, y de la fiscal Beatriz López Pesquera, ambos vinculados a la etapa de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado. La citación responde a la existencia de al menos dos reuniones mantenidas entre estos fiscales y el abogado Jacobo Teijelo, quien, junto a Leire Díez, figura en el centro de una presunta trama destinada a interferir en investigaciones judiciales que afectaban a un partido político y su entorno.
La decisión de Pedraz llega tras la solicitud de la acusación popular, encabezada por el Partido Popular, que reclamó la declaración de ambos fiscales. Según la información remitida por la Fiscalía al magistrado, los encuentros tuvieron lugar entre marzo y abril de 2025 y contaron con la presencia de la entonces militante socialista Leire Díez y el letrado Teijelo. En la primera reunión, Teijelo expuso hechos que, según él, podrían tener relevancia penal y estar relacionados con terceras personas. En la segunda, celebrada semanas después, el abogado comunicó su intención de presentar varias denuncias ante la Fiscalía, aunque finalmente no consta que se formalizasen dichas acciones.
El interés judicial por estas reuniones se intensificó tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que recogía conversaciones que apuntaban a contactos entre miembros de la supuesta trama y la Fiscalía General. La Fiscalía, en su respuesta del 10 de junio, aclaró que el entonces fiscal general Álvaro García Ortiz fue informado de estos encuentros solo después de que se produjeran, y no participó directamente en ellos.
La citación de Villafañe y López Pesquera está prevista para el 15 de julio, en un contexto de creciente escrutinio sobre la relación entre la Fiscalía y personas investigadas en casos de alto perfil. Este episodio se suma a otros recientes en los que la actuación de la Fiscalía ha sido objeto de debate público, como ocurrió con la suspensión de la pena a Víctor de Aldama tras su colaboración en el caso Koldo, un asunto que reabrió la discusión sobre los pactos judiciales y la lucha contra la corrupción, tal como se analizó en un reciente fallo del Tribunal Supremo.
En España, la Fiscalía General del Estado desempeña un papel clave en la supervisión de investigaciones penales y en la coordinación de la acción judicial. Las reuniones entre fiscales y partes externas, aunque no prohibidas, están sujetas a estrictos protocolos para garantizar la transparencia y la independencia del Ministerio Público. La Audiencia Nacional, por su parte, es el órgano encargado de los casos más complejos y de mayor repercusión, especialmente aquellos que afectan a la integridad de las instituciones. La citación de altos cargos de la Fiscalía como testigos en procedimientos de este tipo es poco habitual y suele indicar la existencia de indicios relevantes que requieren aclaración judicial. El desarrollo de este caso será seguido de cerca por su posible impacto en la percepción pública sobre la imparcialidad de la justicia y el funcionamiento de las instituciones.
