Delcy Rodríguez ha iniciado trámites judiciales contra Víctor de Aldama tras ser señalada como responsable de entregar un sobre de Pdvsa para financiar al PSOE. El caso, bajo investigación en la Audiencia Nacional, suma tensión política y judicial.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dado un paso firme en los tribunales españoles al iniciar los trámites para presentar una querella contra el empresario Víctor de Aldama. El motivo: las declaraciones de Aldama en las que la señala como la persona que le entregó un sobre de la petrolera estatal venezolana (Pdvsa), supuestamente destinado a financiar al PSOE a través de cupos de crudo. Rodríguez ha recurrido al despacho de Baltasar Garzón para llevar adelante la acción legal, que se centra en un presunto delito de injurias.
El conflicto se intensificó después de que Aldama, comisionista investigado en varias causas, entregara en marzo en la Audiencia Nacional un sobre con las siglas de Pdvsa. Este sobre, que la Guardia Civil no había localizado durante las pesquisas del caso Koldo y el caso hidrocarburos, fue presentado como prueba en una causa bajo secreto de sumario. Según la imagen hallada en el teléfono de Aldama, el sobre tenía un sello de “confidencial”, estaba dirigido a Delcy Rodríguez y remitido por el ministro venezolano del Poder Popular del Petróleo, Manuel Quevedo Fernández.
La entrega del sobre se produjo en presencia del juez Ismael Moreno y de la Fiscalía Anticorrupción, en el marco de una investigación sobre la presunta financiación irregular del PSOE. Aldama, que ya había declarado ante el juez Santiago Pedraz sobre un posible fraude en el negocio de hidrocarburos, insistió en que el contenido del sobre estaba vinculado tanto al sector energético como a la financiación ilegal del partido y de la Internacional Socialista. Tras su testimonio, Pedraz remitió la declaración a Moreno, reforzando la conexión entre ambos procedimientos.
En respuesta a estas acusaciones, Delcy Rodríguez presentó en los juzgados de Madrid una solicitud de conciliación, paso previo a la querella formal. El acto de conciliación ha sido fijado para el 16 de julio en la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid número 50. Aunque Aldama no está obligado a comparecer personalmente, sí deberá estar representado por su abogado. Si no se alcanza un acuerdo en esa cita, Rodríguez podrá continuar con la querella por injurias.
El caso ha generado atención tanto en España como en Venezuela, especialmente por el perfil de los implicados y la posible repercusión política. Aldama, condenado por el Tribunal Supremo a cuatro años y medio de prisión por organización criminal y cohecho, sostiene que sus declaraciones forman parte de su colaboración con la justicia. Por su parte, Rodríguez exige una retractación pública, especialmente tras las afirmaciones de Aldama en un programa de televisión donde la implicó directamente en la entrega del sobre.
Este episodio se suma a otros recientes en los que la financiación de partidos y la actuación de altos cargos han sido objeto de escrutinio judicial. Por ejemplo, en otro proceso relevante, el Gobierno español ha respaldado a la directora de la Guardia Civil pese a su citación como investigada, como se detalla en una reciente cobertura sobre la posición del Ejecutivo ante investigaciones judiciales.
En el contexto español, la Audiencia Nacional es el órgano encargado de investigar delitos de especial gravedad, como la corrupción y la financiación irregular de partidos. El caso Koldo y el caso hidrocarburos han puesto el foco en las conexiones entre empresarios, comisionistas y responsables políticos. La figura de Delcy Rodríguez, con peso en la política venezolana, añade un componente internacional a la investigación. La colaboración entre la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción es clave en este tipo de procedimientos, donde la obtención y autenticidad de pruebas documentales resultan determinantes para el avance de las causas.
