El presidente respalda a la directora de la Guardia Civil, citada como investigada por expedientes internos sobre filtraciones. El Ejecutivo no ve pruebas de delito y rechaza ceses mientras no haya evidencias claras.
El Gobierno ha decidido cerrar filas en torno a Mercedes González, directora de la Guardia Civil, tras su citación como investigada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. La decisión de Pedro Sánchez es firme: no habrá dimisiones ni ceses mientras no existan pruebas claras de irregularidades, según fuentes del Ejecutivo. La investigación judicial se centra en la apertura de expedientes internos por filtraciones en la Unidad Central Operativa (UCO), pero el entorno de Sánchez considera que no hay base suficiente para hablar de delito.
La acusación principal, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, sostiene que González habría ordenado estos expedientes como medida de presión sobre la UCO, que en ese momento investigaba a familiares del presidente. Sin embargo, tanto en La Moncloa como en el Ministerio del Interior insisten en que abrir investigaciones internas por filtraciones es una práctica legítima, especialmente si se realiza con garantías y sin derivar en sanciones. De hecho, los expedientes se cerraron sin consecuencias tras la intervención de los jueces responsables.
Fuentes próximas a González aseguran que la directora mantiene la calma y continúa con su agenda institucional, a la espera de poder explicar su actuación ante el juez. Reitera que nunca ha obstaculizado investigaciones ni perseguido a miembros de la Guardia Civil, y que su gestión se ha centrado en modernizar y reforzar la institución. A pesar del respaldo interno, varias asociaciones de guardias civiles han solicitado su dimisión, lo que añade presión al caso.
El criterio del PSOE respecto a las imputaciones ha cambiado en los últimos años. Si antes una investigación judicial suponía la salida inmediata de los cargos, ahora el Gobierno solo contempla dimisiones cuando existen evidencias claras de mala praxis. Ejemplos recientes, como la dimisión forzada de Màxim Huerta en 2018 o la suspensión de militancia de José Luis Ábalos, respondieron a situaciones donde la responsabilidad política era evidente, según el entorno de Sánchez. En el caso de González, así como en los de la gerente del PSOE y la presidenta de la SEPI, el Ejecutivo sostiene que no hay indicios de delito.
La investigación interna que originó el caso surgió tras la publicación en OKDiario de correos electrónicos privados de Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente, que estaban bajo custodia de la UCO. El Gobierno considera que la apertura de expedientes para esclarecer cómo se filtraron estos datos era necesaria y habitual en estos casos. Ninguno de los procedimientos internos acabó en sanción, y uno de ellos se cerró por orden judicial.
El Ejecutivo evita criticar al juez Pedraz y mantiene el respeto institucional, a diferencia de otros casos recientes. Sin embargo, fuentes gubernamentales cuestionan la razonabilidad de imputar delitos a González y a su mano derecha, el DAO, especialmente cuando la base de la acusación es un informe elaborado por la propia UCO, lo que podría suponer un conflicto de intereses.
Algunos miembros del Gobierno reconocen que fue un error reunirse con Leire Díez y ocultar esos encuentros hasta que la UCO los desveló. No obstante, diferencian entre errores de gestión y la comisión de un delito de prevaricación, como plantea la fiscalía. El Ejecutivo insiste en que las investigaciones internas buscaban aclarar filtraciones que también podían perjudicar las pesquisas en curso, y no constituían una operación contra la UCO.
La Guardia Civil es una de las instituciones más antiguas y valoradas en España, con competencias en seguridad ciudadana, investigación criminal y protección de infraestructuras críticas. La UCO, por su parte, es la unidad de élite encargada de los casos más complejos de corrupción y crimen organizado. Las filtraciones de información confidencial pueden afectar tanto a la eficacia de las investigaciones como a la protección de datos personales. En los últimos años, la presión sobre altos cargos por investigaciones judiciales ha llevado a cambios en los protocolos internos y en la gestión de crisis políticas. El caso de Mercedes González pone de relieve el delicado equilibrio entre la transparencia, la protección institucional y la exigencia de responsabilidades políticas en España.
