El Ayuntamiento de Málaga ha iniciado el desalojo de un campamento de caravanas. Más de un centenar de trabajadores viven allí por no poder pagar un alquiler. La medida agrava el conflicto por el acceso a la vivienda en la ciudad.
El Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha el desalojo de un campamento de caravanas situado en una explanada al oeste de la ciudad, junto a la desembocadura del río Guadalhorce. En este terreno, propiedad de Repsol y abandonado desde hace años, residen más de un centenar de personas que no pueden acceder a una vivienda convencional debido al elevado precio del alquiler en la capital malagueña. La intervención municipal responde a las reiteradas quejas de los vecinos de la urbanización Sacaba Beach, quienes denuncian problemas de inseguridad, incidentes y condiciones insalubres en la zona.
La operación comenzó tras el aviso de la Policía Local a los residentes, quienes fueron informados de que debían abandonar el lugar para permitir labores de limpieza. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, esta vez la orden fue definitiva y sin alternativas claras. El desalojo, previsto inicialmente para el martes, se ejecutó finalmente el miércoles, cuando ya solo permanecían en el lugar los habitantes de larga duración. Según fuentes municipales, de los 138 vehículos estacionados la semana anterior, al mediodía del miércoles quedaban 45, y 25 propietarios habían sido identificados. Las autoridades advierten que, si no se cumple la orden, las caravanas podrán ser retiradas con grúa y los residentes podrían enfrentarse a sanciones penales por desobediencia.
Entre los afectados se encuentran trabajadores como Ángel González, peón de la construcción, que desde 2012 vive en una caravana por no poder afrontar el coste de un piso con su salario. Otros, como Eddy Fabio Pena, argentino, se instalaron en la zona tras situaciones personales complicadas y ante la imposibilidad de pagar un alquiler. Los residentes insisten en que no se oponen a buscar soluciones, pero reclaman diálogo y alternativas habitacionales, ya que consideran inviable encontrar vivienda en Málaga con los precios actuales.
El conflicto se agrava por la falta de servicios básicos en el campamento, como tratamiento de aguas grises, suministro de agua potable y electricidad. La asociación de vecinos Los Sacabeños ha enviado una carta abierta denunciando la transformación de la zona en un espacio degradado y peligroso, con presencia de perros potencialmente peligrosos, fogatas y vertidos al río. El presidente de la entidad, Fernando Rueda, lamenta que la situación se haya deteriorado durante los últimos años y que las caravanas se hayan extendido a otras áreas cercanas, como los aparcamientos del estadio de atletismo y la universidad privada Alfonso X el Sabio.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha reconocido la dificultad de convivencia y salubridad que genera la presencia del campamento, y ha reiterado la intención de impulsar un camping específico para este tipo de vehículos. Sin embargo, por el momento no se han ofrecido alternativas concretas a los afectados, y el Consistorio espera que el abandono del lugar sea voluntario. Una vez desalojada la parcela, el Ayuntamiento planea impedir el acceso rodado y destinar el terreno a equipamiento público, ya que no es urbanizable.
La oposición municipal ha exigido diálogo y negociación para resolver la situación. Representantes de Con Málaga y Adelante Andalucía han solicitado la suspensión inmediata del desalojo y han criticado la falta de respuesta institucional ante la presión inmobiliaria en la ciudad. El portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, ha señalado que mientras se construyen promociones de lujo en el entorno, la única respuesta para quienes no pueden acceder a una vivienda es la expulsión.
El contexto inmobiliario en Málaga es especialmente tenso: según Idealista, el precio del metro cuadrado ha pasado de 2.100 euros en 2021 a 3.784 euros en 2026, y el alquiler medio alcanza los 16,5 euros por metro cuadrado. Esta situación deja fuera del mercado a muchos trabajadores con salarios bajos, que recurren a soluciones como las caravanas para poder residir en la ciudad. El problema del acceso a la vivienda se suma a otros desafíos laborales, como el absentismo, que también ha sido objeto de debate político, tal como se recoge en un reciente análisis sobre el impacto del absentismo laboral en España.
El caso de Málaga ilustra la creciente brecha entre los precios del mercado inmobiliario y la capacidad adquisitiva de los trabajadores. La falta de alternativas habitacionales y la presión vecinal han desembocado en una medida que, lejos de resolver el problema de fondo, pone de manifiesto la urgencia de políticas públicas que garanticen el acceso a la vivienda. El debate sobre el uso de espacios urbanos, la convivencia y la respuesta institucional sigue abierto en una ciudad donde el desarrollo inmobiliario convive con la exclusión residencial.
