Una red familiar vendía armas y explosivos desde Cataluña, coordinada por un preso. La hija grababa vídeos para captar compradores. La operación policial ha cortado el suministro a grupos criminales.
Una operación conjunta de los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional ha permitido desmantelar en Cataluña una red dedicada al tráfico de armas y munición, dirigida desde la prisión de Quatre Camins por un interno condenado por homicidio. El dispositivo, ejecutado el 7 de julio, concluyó con la detención de nueve personas y la incautación de 45 armas de fuego, una granada, miles de cartuchos de diferentes calibres —incluida munición de guerra— y material explosivo. Los precios de venta oscilaban entre 4.000 y más de 100.000 euros, según el tipo de arma y la cantidad de munición asociada.
El principal responsable, un hombre español de 37 años, coordinaba la actividad desde su celda utilizando teléfonos móviles introducidos de forma ilegal. La investigación, iniciada tras una operación previa en diciembre de 2025 contra otra organización criminal, permitió identificar en enero al líder de la red, que mantenía contacto constante con el exterior gracias a la colaboración de su familia.
La estructura del grupo sorprendió a los agentes por la implicación directa del núcleo familiar. La hija del preso asumía el papel de promotora: grababa vídeos mostrando el funcionamiento de las armas y explicando sus características, que luego enviaba a su padre para que los distribuyera entre potenciales compradores a través de canales como Whatsapp, Telegram y Signal. La madre, por su parte, se encargaba de la entrega de los productos en distintos puntos de la ciudad, actuando con una naturalidad que dificultaba la detección de las transacciones, incluso en parkings de centros comerciales y supermercados.
La red operaba bajo demanda, sin limitarse a un tipo concreto de arma. Cuando un cliente solicitaba un modelo específico, el líder activaba una red de colaboradores capaces de localizar casi cualquier arma, desde fusiles AR-15 y AK-47 hasta escopetas de alta letalidad, armas cortas, granadas y munición de guerra. La mayoría de las armas se almacenaban en la vivienda familiar o en un coche aparcado frente al edificio, lo que, según los investigadores, evidenciaba la confianza con la que actuaban.
Los compradores no eran particulares ni coleccionistas, sino organizaciones criminales con actividad en Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Francia. La operación policial ha interrumpido una importante cadena de suministro de armas para el crimen organizado. De las 45 armas incautadas, 38 resultaron ser armas cortas falsificadas, aunque la calidad de las réplicas era tal que los compradores no mostraban reparos.
La investigación sigue abierta, especialmente en lo relativo al flujo económico y la posible extensión de la red a otros territorios de España. El caso pone de relieve la sofisticación y el alcance de las redes de tráfico de armas en el país, en un contexto donde el aumento de la violencia armada preocupa a las autoridades. De hecho, el repunte de homicidios y la proliferación de armas de fuego en Barcelona han sido objeto de atención reciente, como se refleja en el análisis sobre el incremento de crímenes violentos en la ciudad publicado en el seguimiento de la escalada de homicidios en Barcelona.
En España, el tráfico ilegal de armas es perseguido con penas severas, y las fuerzas de seguridad han intensificado en los últimos años la cooperación para frenar el acceso de grupos criminales a este tipo de material. La operación en Cataluña destaca por centrarse exclusivamente en el tráfico de armas, un fenómeno que, según los investigadores, requiere respuestas coordinadas y especializadas para evitar que el armamento llegue a manos de organizaciones peligrosas.
