La Guardia Civil arresta a dos mujeres por daños en inmobiliarias de Santa Maria del Camí. El caso genera tensión antes de una protesta contra la saturación turística. Entidades sociales denuncian criminalización.
La detención de dos jóvenes de 28 años en Mallorca, acusadas de atacar cinco inmobiliarias con pintadas y pegamento, ha provocado una fuerte controversia en Baleares. La operación policial se produce justo antes de una gran manifestación contra la saturación turística, prevista en Palma el 26 de julio y organizada por la plataforma Menys Turisme Més Vida, que agrupa a unas 60 entidades sociales, sindicales y ecologistas.
Según el informe de la Guardia Civil, las dos mujeres fueron arrestadas el miércoles pasado por presuntos delitos de daños continuados, daños contra el patrimonio histórico y pertenencia a grupo criminal. Los hechos investigados ocurrieron la noche del 31 de mayo en Santa Maria del Camí, donde los escaparates y fachadas de cinco inmobiliarias aparecieron con pintadas como “Fuera guiris”, “Largo expatriados” o “A casa”, y las cerraduras bloqueadas con pegamento. Los agentes sostienen que las acciones fueron coordinadas y premeditadas, siguiendo un manual difundido en redes sociales por colectivos antiturismo a principios de julio, que recomendaba este tipo de sabotajes no violentos.
Las detenidas, defendidas por el abogado Josep de Luis, se acogieron a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil y el juez de guardia, que decretó su libertad provisional. El informe policial destaca que una de las jóvenes tenía una pancarta en su balcón con el lema “Sos residents, stop overturisme”, lo que, según los investigadores, refuerza la vinculación con los hechos. La identificación se logró tras revisar grabaciones de cámaras de seguridad en la zona.
La reacción de las entidades sociales no se hizo esperar. Diversos colectivos han calificado la actuación policial de desproporcionada y la interpretan como un intento de criminalizar la protesta social contra la turistificación. El principal grupo ecologista de las islas, el GOB, y la Asociación de Producción Agraria y Ecológica de Mallorca han expresado su preocupación por el uso de medidas judiciales ante acciones que consideran de bajo impacto material. El diputado de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, ha solicitado la comparecencia del ministro del Interior y de la secretaria de Estado de Turismo en el Congreso para que expliquen la intervención policial, subrayando la importancia de proteger el derecho a la protesta.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno balear, Maria Antònia Estarellas, ha evitado valorar si la detención fue excesiva, pero ha insistido en que las manifestaciones deben ser pacíficas y respetar el mobiliario urbano. La polémica se enmarca en un contexto de creciente tensión social por el impacto del turismo en las islas, donde el debate sobre la turistificación y el acceso a la vivienda se ha intensificado en los últimos años.
El caso recuerda a otros recientes en los que la respuesta judicial ante protestas sociales ha generado debate sobre los límites de la libertad de expresión y la actuación policial. En este sentido, la preocupación por la criminalización de la protesta no es nueva en España, como se ha visto en otros procesos judiciales de alto perfil, por ejemplo cuando la desconfianza en la justicia española y la percepción de politización han sido objeto de análisis y alarma en el país.
En Baleares, la presión sobre el mercado inmobiliario y la saturación turística han llevado a un aumento de las protestas y a la aparición de movimientos sociales que reclaman cambios en el modelo económico y urbanístico. El debate sobre la legitimidad de las acciones directas y la respuesta de las autoridades sigue abierto, mientras se acerca una manifestación que podría marcar un nuevo punto de inflexión en la relación entre sociedad civil y poderes públicos en las islas.
En España, el turismo representa cerca del 12% del PIB nacional y es especialmente relevante en regiones como Baleares y Canarias. El auge de la vivienda turística y la presión sobre el mercado inmobiliario han generado tensiones sociales y políticas, con un aumento de las protestas en los últimos años. Las autoridades han intentado equilibrar la protección del sector turístico con la necesidad de garantizar el acceso a la vivienda y la calidad de vida de los residentes. El debate sobre la turistificación y la respuesta institucional a las protestas sigue siendo uno de los temas más sensibles en la agenda pública balear y nacional.
