El 60% de los españoles percibe la justicia como politizada. El debate sobre lawfare y la presión política en los tribunales desplazan otros temas clave. La alarma crece en las altas instancias judiciales.
La percepción de que la justicia española está contaminada por intereses políticos ha alcanzado niveles inéditos, según dos recientes encuestas que sitúan la desconfianza ciudadana por encima del 60%. Este dato ha generado inquietud en las más altas instancias judiciales, donde se advierte sobre el impacto que puede tener en la legitimidad del sistema democrático.
En las últimas semanas, la atención pública se ha desplazado de los debates tradicionales sobre vivienda o servicios públicos hacia los tribunales. Las condenas y procesos que afectan a figuras cercanas al presidente Pedro Sánchez, junto con la resistencia del Tribunal Supremo a aplicar plenamente la ley de amnistía avalada por el Tribunal de Justicia de la UE, han intensificado la discusión sobre la politización judicial. El término lawfare, que alude al uso de los tribunales con fines políticos, se ha instalado en el vocabulario político y mediático.
Mientras el Gobierno y los partidos de izquierda denuncian una supuesta ofensiva judicial para debilitar al Ejecutivo, la oposición acusa al oficialismo de utilizar el lawfare como cortina de humo ante investigaciones por corrupción. El debate se ha visto alimentado por casos como la condena al hermano de Sánchez y la apertura de juicio a su esposa, así como por la división ideológica en el Tribunal Supremo, donde decisiones clave han evidenciado fracturas entre magistrados conservadores y progresistas.
Juristas y sociólogos consultados coinciden en que la mayoría de los jueces actúa con profesionalidad, aunque reconocen que existen casos representativos de instrumentalización política. Algunos expertos distinguen entre lawfare y activismo judicial, señalando que la presión ideológica puede influir especialmente en las fases de instrucción, donde la apertura de investigaciones a partir de querellas con trasfondo político es más frecuente.
El clima de desconfianza se ve agravado por la saturación mediática y la reiteración de casos mediáticos, según catedráticos de Derecho Penal y Civil. A pesar de la percepción generalizada, las condenas a jueces por prevaricación son muy escasas y el sistema cuenta con mecanismos de control y revisión en instancias superiores. Sin embargo, la politización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), responsable de los nombramientos en la cúpula judicial, es señalada como un factor clave en la imagen de parcialidad.
El sistema de selección de jueces y fiscales, vigente desde el siglo XIX, también es objeto de críticas por su énfasis en la memorización frente a la argumentación jurídica. El Ministerio de Justicia ha propuesto una reforma, actualmente bloqueada en el Congreso, que busca modernizar el acceso a la carrera judicial y reducir la influencia de partidos y asociaciones en los nombramientos.
La afiliación mayoritaria de los jueces a asociaciones conservadoras refuerza la percepción de un sesgo ideológico, aunque el colectivo más numeroso sigue siendo el de los no afiliados. Varios expertos subrayan que cierto conservadurismo es inherente a la función judicial, cuyo objetivo es aplicar y preservar la ley, mientras que el legislador es quien innova.
Otro elemento de distorsión es el uso de la acción popular por parte de grupos ultraconservadores y partidos políticos para impulsar denuncias con fines partidistas. El propio Tribunal Supremo ha pedido limitar este instrumento, y existen propuestas legislativas para restringir su uso, aunque su tramitación sigue paralizada.
La preocupación por el descrédito institucional no es exclusiva de España. El poder judicial es visto como el último bastión frente a la erosión de la confianza en el sistema democrático. En este contexto, la reciente decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de mantener el juicio contra Begoña Gómez, esposa del presidente, por malversación y tráfico de influencias, ha vuelto a situar el foco en la relación entre política y justicia. Más detalles sobre este caso pueden consultarse en la información sobre el proceso judicial a Begoña Gómez.
En España, el Consejo General del Poder Judicial lleva años en situación de bloqueo político, lo que ha impedido la renovación de sus miembros y ha intensificado la percepción de politización. El sistema de acceso a la judicatura, basado en oposiciones teóricas, ha sido criticado por no fomentar habilidades prácticas ni diversidad de perfiles. La acción popular, reconocida en la Constitución, permite a cualquier ciudadano o entidad participar en procesos penales, pero su uso reiterado por grupos con intereses políticos ha generado debate sobre la necesidad de limitar su alcance. La confianza en la justicia es un pilar fundamental del Estado de derecho y su deterioro puede tener consecuencias profundas para la estabilidad institucional.
