Un diputado de Junts denuncia a un agente tras un enfrentamiento en la comisaría de La Junquera. El conflicto surgió por la atención en catalán y el pago de la tasa del DNI. El caso ha terminado con denuncias cruzadas.
Un incidente en la comisaría de la Policía Nacional de La Junquera (Gerona) ha puesto de nuevo en primer plano la cuestión lingüística en Cataluña. El diputado de Junts en el Parlamento catalán, Isaac Padrós, invidente y padre de familia numerosa, acudió el 29 de julio junto a su esposa y una hija para renovar el DNI de otra de sus hijas. El conflicto estalló cuando exigió ser atendido en catalán y el agente de servicio le comunicó que no podía hacerlo por no entender el idioma.
La situación se tensó aún más cuando Padrós fue informado de que debía abonar la tasa de expedición del documento, a pesar de que, según alegó, estaba exento por su condición de familia numerosa. El agente le indicó que esa circunstancia debía haberse comunicado antes de iniciar el trámite, como señalaba un cartel en la comisaría. Padrós, que no pudo ver el aviso por su discapacidad visual, insistió en su derecho y solicitó un traductor, pero le informaron de que no había ninguno disponible en ese momento.
El ambiente se volvió más tenso cuando, según la versión del diputado, él, su esposa y su hija fueron acompañados a una zona reservada de la comisaría para evitar un escándalo público. Allí, asegura, fueron rodeados por varios agentes, lo que consideraron intimidatorio. El agente pidió la identificación de Padrós, quien mostró su acreditación parlamentaria, pero el policía insistió en ver el DNI. Finalmente, la esposa del diputado entregó el documento, que, según Padrós, fue retirado de forma brusca.
Tras tomar los datos, la familia fue informada de que, si no pagaban la tasa, el trámite no se completaría y debían abandonar la comisaría. Padrós decidió entonces abonar la tasa para evitar tener que repetir el proceso. Sin embargo, el episodio no terminó ahí: el diputado contactó con los Mossos d'Esquadra para dejar constancia de lo que consideraba una vulneración de sus derechos lingüísticos y sociales. Dos agentes autonómicos acudieron a la comisaría, pero finalmente informaron a Padrós de que había sido denunciado por desobediencia por parte del agente de la Policía Nacional.
La respuesta de Padrós fue inmediata: presentó una querella contra el agente por varios delitos, entre ellos denegación discriminatoria de una prestación, coacciones, atentado contra la integridad moral y falsedad documental. El escrito, presentado en la Fiscalía de Gerona, detalla supuestas vejaciones y faltas de respeto sufridas durante el incidente.
Este caso se suma a otros episodios recientes en los que la convivencia lingüística en Cataluña ha generado controversia en espacios públicos. La tensión entre el uso del catalán y la obligación de los funcionarios de atender en ambas lenguas oficiales sigue siendo motivo de debate. En otros ámbitos, como la política nacional, los conflictos entre instituciones y cuerpos de seguridad también han sido noticia, como ocurrió cuando la Audiencia Nacional investigó movimientos bancarios de partidos políticos, según se relató en una reciente investigación judicial sobre cuentas del PSOE.
En España, la normativa establece que los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos en cualquiera de las lenguas oficiales de su comunidad autónoma, aunque la disponibilidad de personal capacitado no siempre está garantizada en todos los servicios estatales. La exención de tasas para familias numerosas es un derecho reconocido, pero requiere una comunicación previa y la presentación de la documentación correspondiente antes de iniciar el trámite. La Ley de Procedimiento Administrativo Común regula estos aspectos, aunque en la práctica pueden surgir conflictos como el ocurrido en La Junquera. El caso de Isaac Padrós pone de manifiesto la complejidad de la gestión lingüística y administrativa en territorios bilingües y la necesidad de protocolos claros para evitar situaciones similares en el futuro.
