Dos altos cargos de Plus Ultra ratifican ante el juez la autenticidad de mensajes que apuntan al expresidente Zapatero en la gestión del rescate de 53 millones. La defensa del exlíder socialista busca anular estas pruebas.
La investigación sobre el rescate público de 53 millones de euros a Plus Ultra en 2021 suma un nuevo giro tras la declaración de dos de sus principales directivos. Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea, y Roberto Roselli, consejero delegado y ex director financiero, han presentado escritos ante el juez José Luis Calama en los que confirman la autenticidad de mensajes intervenidos en el teléfono del empresario venezolano Rodolfo Reyes Rojas. Estos mensajes, considerados pieza central en la causa, señalan directamente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como figura clave en la operación.
Los mensajes, localizados en el móvil de Reyes —accionista de Plus Ultra y actualmente con orden de detención—, han sido citados de forma reiterada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) como prueba de una supuesta estructura organizada para influir en la concesión de ayudas públicas. En uno de los intercambios, fechado en mayo de 2020, se hace referencia explícita a la intervención de Zapatero en el proceso, con frases como “Nuestro pana Zapatero detrás”. Tanto Martínez Sola como Roselli aseguran que estas conversaciones reflejan fielmente lo ocurrido y que, en ese momento, tomaron conciencia de que tanto Zapatero como su entorno pretendían cobrar por las gestiones para salvar la compañía.
La defensa de Zapatero, por su parte, ha cuestionado la validez de estas pruebas. Argumenta que los mensajes fueron intervenidos en Miami por la Oficina de Investigaciones de Seguridad (HSI) de Estados Unidos en 2021 sin autorización judicial expresa y que solo llegaron a la UDEF cinco años después, en marzo de 2026. Por ello, solicita que se declare la nulidad de la investigación y se excluyan todas las evidencias obtenidas a partir de estos mensajes, alegando que se trata de análisis de conversaciones privadas no autorizados.
El juez Calama, ante la importancia de estas pruebas, ha solicitado a las autoridades de Washington, mediante comisión rogatoria, la autorización judicial necesaria para incorporar formalmente los mensajes al procedimiento y garantizar su validez legal. Además, la defensa del expresidente ha pedido que se aclare el procedimiento de obtención de los mensajes para verificar su autenticidad e integridad, advirtiendo de un posible vicio de indefensión si no se cumplen los requisitos legales.
Entre las conversaciones ratificadas por los directivos de Plus Ultra, destacan dos en las que se menciona directamente a Zapatero y a su entorno. En una de ellas, Reyes y Roselli discuten sobre la participación de Zapatero y el empresario Julio Martínez Martínez —amigo del expresidente y administrador de Análisis Relevante, la consultora clave en la trama— en la gestión del rescate. En otra, Reyes informa a Martínez Sola sobre la creación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), a lo que este responde que el “Grupo Zapatero” ya estaba trabajando en ello. Según los escritos, Plus Ultra firmó en julio de 2020 un contrato de asesoramiento con Análisis Relevante por 72.600 euros, y posteriormente se realizó un pago de más de medio millón de euros —el 1% del rescate— a través de empresas vinculadas a Martínez Martínez.
La controversia sobre la legalidad de las pruebas y la posible nulidad de la causa ha intensificado la batalla judicial en torno al rescate de Plus Ultra. El caso ha generado un fuerte debate sobre la transparencia en la concesión de ayudas públicas y el papel de figuras políticas en la gestión de fondos estatales. En este contexto, cabe recordar que otros responsables de la aerolínea ya habían admitido el pago de comisiones para acceder al rescate, como se detalla en el análisis de las gestiones económicas vinculadas al entorno de Zapatero.
El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI, fue creado en 2020 para apoyar a empresas consideradas estratégicas durante la pandemia. Plus Ultra fue una de las compañías que recibió ayuda, lo que generó polémica por su tamaño y relevancia en el sector. El caso ha puesto bajo la lupa los mecanismos de control y la intervención de intermediarios en la distribución de fondos públicos. La resolución sobre la validez de las pruebas y la posible implicación de altos cargos políticos podría marcar un precedente en la gestión de futuras ayudas estatales en España.
