La Associació de Directius de l’Educació Pública de Catalunya atribuye el error en la muestra PISA a una supervisión insuficiente. El president Salvador Illa evita señalar responsables. El Consell Superior de l’Avaluació fue sustituido en pleno proceso.
El reciente error en la selección de alumnos para las pruebas PISA en Cataluña ha puesto en entredicho los mecanismos de control del sistema educativo público. La Associació de Directius de l’Educació Pública de Catalunya (Axia) ha advertido que la supervisión fue insuficiente o directamente inexistente, después de que se detectara un porcentaje de estudiantes exentos superior al permitido por la OCDE. El presidente de Axia, Jordi Satorra, subraya que los centros educativos recibieron instrucciones claras y que el procedimiento incluía validaciones para asegurar la fiabilidad de los datos, por lo que considera improbable que el fallo recaiga únicamente en los colegios.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha optado por no buscar culpables directos tras la polémica. Desde Vietnam, donde realiza un viaje oficial, Illa ha insistido en que el objetivo debe ser esclarecer lo ocurrido y evitar que se repita, mostrando además su respaldo a la consejera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, quien comparecerá ante la Comisión de Educación del Parlament para dar explicaciones.
Según Satorra, la transición entre el Consell Superior de l’Avaluació y la nueva Agència de l’Avaluació, que coincidió con la preparación de las pruebas entre febrero y marzo de 2025, pudo haber generado un vacío en las tareas de control. Este cambio institucional, según los directores, habría dificultado la supervisión adecuada en un momento clave del proceso. La asociación insiste en que resulta poco creíble que los 51 centros implicados cometieran el mismo error de forma simultánea, lo que refuerza la hipótesis de un fallo sistémico más allá del ámbito escolar.
El debate sobre la responsabilidad y la eficacia de los controles en el sistema educativo catalán se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre la gestión pública. Temas como la supervisión de políticas educativas y la transparencia en la administración han cobrado relevancia en los últimos años, como también se observa en otros ámbitos de la gestión pública, por ejemplo en la regulación sanitaria, donde el control de medidas y la fiscalización de resultados han sido objeto de análisis, tal como se abordó en un reciente artículo sobre la ley antitabaco y sus carencias en el control de puntos de venta (más detalles aquí).
En el caso de las pruebas PISA, la OCDE establece límites estrictos sobre el porcentaje de alumnos que pueden quedar exentos para garantizar la representatividad de los resultados. Cataluña, al superar ese umbral, se expone a que sus datos sean considerados no comparables o incluso excluidos de los informes internacionales. La Agència de l’Avaluació, que asumió la supervisión tras la desaparición del Consell Superior de l’Avaluació, enfrenta ahora el reto de restaurar la confianza en los procesos de evaluación. La situación ha reabierto el debate sobre la necesidad de reforzar los controles internos y la coordinación entre organismos, especialmente en momentos de transición institucional. La transparencia y la fiabilidad de los datos educativos son claves para la toma de decisiones y la imagen del sistema educativo catalán en el contexto internacional.
