El Gobierno impulsa una ley para restringir el tabaco en playas y terrazas. Armando Peruga señala que sin subir impuestos ni limitar la oferta, la medida será insuficiente. El debate se traslada ahora al Congreso.
La nueva ley antitabaco, que busca prohibir fumar a menores y restringir el consumo en playas y terrazas, ha iniciado su trámite parlamentario tras la aprobación del proyecto por parte del Gobierno. Sin embargo, la iniciativa llega acompañada de críticas relevantes desde el ámbito científico. Armando Peruga, epidemiólogo y referente en la lucha contra el tabaquismo, advierte que la norma supone un avance, pero deja sin abordar aspectos esenciales como el aumento de impuestos al tabaco y el control efectivo de los puntos de venta.
Peruga, investigador del Instituto Catalán de Oncología y exresponsable de la Iniciativa para liberarse del Tabaco de la OMS, subraya que España mantiene una fiscalidad baja sobre el tabaco y la nicotina, lo que, en su opinión, convierte al país en un punto débil dentro de Europa en materia de control del consumo. Además, señala que la competencia sobre impuestos y regulación de la oferta recae en el Ministerio de Hacienda, que hasta ahora no ha mostrado un compromiso claro para endurecer las condiciones de acceso al tabaco.
El epidemiólogo lamenta que el texto legal no incluya el empaquetado genérico, una medida que considera fundamental para reducir el atractivo de los productos de tabaco. Según Peruga, la presión de la industria tabacalera y del sector hostelero ha influido en la exclusión de esta medida, utilizando argumentos sobre el empleo y el comercio ilícito que, a su juicio, no se sostienen con datos. Además, recuerda que las comunidades autónomas tienen margen para aplicar restricciones adicionales, pero rara vez lo hacen.
La equiparación de los productos relacionados con el tabaco, como los cigarrillos electrónicos y los vapers, a los cigarrillos tradicionales es otro de los puntos destacados de la nueva norma. Peruga valora positivamente la intención de limitar su uso en los mismos espacios donde ya está prohibido fumar, aunque advierte que la efectividad dependerá de cómo se concrete la regulación, especialmente en lo relativo a la venta en tiendas especializadas y la aplicación de impuestos equivalentes.
La industria tabacalera sostiene que la prohibición de fumar en terrazas sería una excepción en Europa, pero Peruga rebate este argumento recordando que la Unión Europea recomienda precisamente ampliar las restricciones a estos espacios. Además, durante la pandemia ya se aplicó una prohibición temporal en terrazas en España sin que se produjeran conflictos significativos.
Sobre los riesgos para la salud, el epidemiólogo explica que, aunque en espacios abiertos el humo puede dispersarse, las corrientes de aire pueden concentrar tóxicos en determinadas zonas, afectando especialmente a menores y trabajadores de la hostelería. Considera que la protección de estos colectivos justifica plenamente la medida.
Respecto a los cigarrillos electrónicos, Peruga reconoce que generan menos tóxicos que el tabaco convencional, pero advierte que no existen estudios concluyentes sobre sus efectos a largo plazo. Además, destaca que el uso combinado de ambos productos incrementa los riesgos para la salud, según la evidencia científica disponible.
El experto rechaza la idea de que la nueva ley solo desplazará el consumo a otros lugares, argumentando que la mayoría de los fumadores desean dejar el hábito y que las restricciones pueden servir de incentivo. También recuerda que, tras la ley de 2010, los temores sobre un impacto negativo en la hostelería no se confirmaron: los cierres de bares se mantuvieron en los niveles previstos y, en algunos casos, incluso se observó un ligero efecto positivo.
Sobre la posibilidad de una prohibición total del tabaco, Peruga señala que la adicción hace inviable una medida drástica e inmediata, ya que podría fomentar el mercado ilícito. Defiende una transición gradual que permita a los sectores implicados adaptarse y a los fumadores acceder a programas de ayuda.
El debate sobre la nueva ley antitabaco se produce en un contexto de creciente atención a la salud pública y a la regulación de hábitos nocivos. En otras áreas, como la gestión de crisis políticas, el Gobierno también ha tenido que afrontar presiones internas y externas, como ocurrió recientemente con el respaldo a José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, según se recoge en un análisis sobre la respuesta del Ejecutivo ante situaciones controvertidas.
En España, el tabaquismo sigue siendo una de las principales causas de enfermedad y mortalidad evitable. Según datos oficiales, cerca del 20% de la población adulta fuma, aunque la tendencia es descendente en la última década. La Organización Mundial de la Salud recomienda combinar medidas de restricción de consumo, aumento de impuestos y control de la oferta para lograr una reducción significativa. El debate parlamentario sobre la nueva ley será clave para determinar si España avanza hacia un modelo más restrictivo o mantiene las actuales limitaciones. La experiencia de otros países europeos muestra que la combinación de políticas fiscales y regulatorias es la vía más eficaz para reducir el consumo y proteger la salud pública.
