Un 65% de los encuestados cree que la justicia española está influida por la política. Jueces conservadores y progresistas discrepan sobre el origen de esta percepción. El CGPJ también muestra fracturas internas.
La percepción de que la justicia española actúa bajo motivaciones políticas ha alcanzado un nuevo punto de tensión. Según un estudio del Instituto 40dB para EL PAÍS y la Cadena SER, más del 65% de los encuestados considera que existe ‘lawfare’ en España, es decir, que jueces y magistrados impulsan causas por razones políticas. Este dato ha reavivado el debate sobre la independencia judicial y la influencia de la política en los tribunales.
Las reacciones dentro de la judicatura muestran una clara división. Sectores conservadores rechazan de plano la existencia de ‘lawfare’ y defienden que los jueces actúan con total independencia y apego a la ley. Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, se insiste en que las resoluciones judiciales no responden a presiones externas y que cualquier persona, sea política o no, es juzgada bajo los mismos criterios legales. Sin embargo, reconocen que la imagen de la justicia se ha visto erosionada por críticas constantes y campañas de desprestigio, lo que ha generado desconfianza entre la ciudadanía.
Por el contrario, representantes del sector progresista admiten que algunas decisiones judiciales resultan difíciles de comprender y que ciertas actuaciones han alimentado la sensación de instrumentalización de la justicia. Desde Juezas y Jueces para la Democracia se señala que la percepción de ‘lawfare’ se explica tanto por la utilización política de los tribunales como por la falta de rigor en algunas resoluciones. Además, critican la lentitud en la renovación de órganos clave como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la negativa a nombrar nuevos magistrados en el Tribunal Constitucional, factores que, a su juicio, agravan la desconfianza pública.
El propio CGPJ refleja esta fractura interna. La encuesta de 40dB muestra que la ciudadanía suspende la labor del órgano de gobierno de los jueces, con una nota media de 4,6, y un 58% considera que hace poco o nada para controlar y sancionar a los jueces que actúan incorrectamente. Fuentes progresistas dentro del CGPJ coinciden en que existe una percepción de justicia a distintas velocidades y reconocen retrasos en la resolución de expedientes disciplinarios de alto impacto, como los relacionados con el juez Juan Carlos Peinado y su investigación a Begoña Gómez. Por su parte, el bloque conservador niega cualquier persecución política y atribuye la desconfianza a los ataques provenientes del ámbito político, advirtiendo que estas críticas pueden minar la confianza en el sistema judicial.
En cuanto a la gestión del CGPJ, desde el sector conservador se subraya que el órgano carece de autonomía presupuestaria, lo que limita su capacidad de actuación. También defienden que cada expediente disciplinario se analiza de forma detallada y que las sanciones se aplican cuando corresponde, sin atender a presiones externas. Aun así, reconocen que el CGPJ está abierto a la crítica y al debate sobre su funcionamiento.
El debate sobre la independencia judicial en España se produce en un contexto de creciente polarización política y desconfianza institucional. El barómetro de Metroscopia para el CGPJ en 2023 situó al poder judicial como el mejor valorado entre los tres poderes del Estado, aunque la percepción de independencia sigue siendo motivo de controversia. La falta de renovación del CGPJ y los retrasos en la resolución de casos disciplinarios han sido señalados como factores que alimentan la desconfianza. Además, la instrumentalización política de la justicia y la presión mediática sobre los tribunales contribuyen a una percepción de parcialidad que preocupa tanto a jueces como a la sociedad.
