La jornada laboral de 35 horas semanales para empleados públicos avanza a ritmos distintos en España. Baleares se unió al grupo de comunidades con horario reducido el 1 de junio. Mientras tanto, Madrid, Cataluña, Galicia y Navarra mantienen el esquema antiguo de 37,5 horas. No hay fecha para el cambio en estas regiones.
El mapa autonómico está partido. A 21 de septiembre de 2026, doce de las diecisiete comunidades autónomas ya aplican la jornada de 35 horas en su administración general. Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Murcia y País Vasco ya la tenían antes del cambio estatal. Baleares se sumó tras un acuerdo del Govern que entró en vigor el 1 de junio. El acuerdo incluye adaptaciones para colectivos con jornadas especiales. En Baleares, la reducción a 35 horas ya estaba en marcha en sanidad desde enero de 2023 y en educación desde el pasado curso escolar. En la Administración de Justicia, la medida también afecta a parte del personal.
En Menorca, Ibiza y Formentera, la jornada semanal de 37,5 horas aún se mantiene en la administración local, aunque existen medidas de flexibilidad y las negociaciones continúan.
En la Comunitat Valenciana, la reducción de jornada está pactada para más de 21.200 empleados públicos. Pero el acuerdo aún debe ser ratificado por el Consell y publicado oficialmente. Hasta entonces, la medida no está plenamente implantada. Cataluña sigue negociando. La Generalitat propone 1.533 horas anuales. CCOO pide 1.503. El cierre del cómputo anual sigue pendiente. Madrid mantiene la jornada de 37,5 horas. La negociación con los sindicatos está bloqueada. Galicia y Navarra tampoco han avanzado. La Xunta dice que habría que cambiar la normativa autonómica para aplicar la reducción.
El marco estatal y sus límites
La Resolución de 14 de abril de 2026 fijó la jornada de 35 horas para la Administración General del Estado (AGE). Entró en vigor el 16 de abril y establece un cómputo anual de 1.533 horas. La medida afecta a unos 250.000 empleados públicos estatales, según datos de La Moncloa. Supone una reducción del 6,7% respecto al horario anterior. Pero el BOE deja fuera a las comunidades autónomas y entidades locales. Cada territorio decide si aplica o no la reducción.
Las diferencias entre comunidades crean situaciones desiguales incluso dentro de un mismo sector público. Un acuerdo sindical no implica la entrada automática en vigor de la nueva jornada. En Valencia, por ejemplo, el proceso está pendiente de ratificación. En Baleares ya es efectivo. En Cataluña, la negociación sigue abierta y no hay fecha cerrada. Madrid, Galicia y Navarra ni siquiera han iniciado el proceso formal para el cambio.
En el ámbito de la justicia, la jornada de 35 horas fue confirmada por resoluciones específicas del BOE en septiembre de 2026, afectando a unos 65.000 trabajadores, de los cuales cerca de 24.000 dependen directamente del Estado y unos 39.000 de las autonomías con competencias transferidas.
Ayuntamientos y sector privado
En los ayuntamientos la situación también es desigual. Un recuento de 56 grandes ciudades en marzo mostró que 35 ya aplican la jornada de 35 horas. Otras 21 mantienen horarios superiores o situaciones intermedias. En septiembre, ciudades como Valencia, Palma y A Coruña seguían sin aplicar la reducción general. El debate jurídico sigue abierto. La legislación estatal excluye a los ayuntamientos, pero los sindicatos defienden el derecho a la jornada reducida según la normativa local.
En el sector privado, el Estatuto de los Trabajadores mantiene el máximo legal en 40 horas semanales de promedio anual. El intento de bajarlo a 37,5 horas no salió adelante en el Congreso en 2025. La propuesta fue rechazada por 178 votos frente a 170. Los convenios colectivos pueden pactar jornadas más cortas, pero la reducción generalizada no ha llegado al sector privado.
Un cambio que no avanza igual para todos
La aplicación de la jornada de 35 horas depende de la autonomía de cada comunidad para regular sus condiciones laborales. Algunas regiones han priorizado la reducción y ya la aplican. Otras mantienen el horario anterior y posponen cualquier avance. El resultado es un mosaico de horarios y derechos que cambia según el territorio y el sector. Hay diferencias notables incluso entre empleados públicos de distintas comunidades.
La tendencia apunta a que la jornada reducida se irá extendiendo poco a poco. Pero la falta de un marco estatal obligatorio y la resistencia de algunas administraciones frenan el proceso. Para los empleados públicos, el lugar de residencia sigue marcando la diferencia entre disfrutar ya de la semana laboral de 35 horas o seguir esperando una negociación que, en algunos casos, ni siquiera ha empezado.
