Una asesora laboral ha sido condenada por inflar nóminas y transferir a su cuenta casi 58.000 euros. El tribunal le impone prisión y multa. El fraude se prolongó durante tres años en una firma cerámica.
Una asesora laboral ha sido condenada a dos años de prisión por la Audiencia Provincial de Castellón tras admitir que manipuló nóminas y desvió casi 58.000 euros de una empresa cerámica. El tribunal considera probado que, entre 2018 y 2021, la abogada infló los salarios de varios empleados y transfirió la diferencia a una cuenta bancaria de su titularidad, aprovechando su acceso a la gestión de nóminas de la compañía.
La sentencia, dictada tras un acuerdo de conformidad entre las partes, califica los hechos como un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con estafa agravada. Además de la pena de prisión, la condenada deberá abonar una multa de 1.080 euros y asumir las costas procesales. El fallo también contempla la suspensión de la ejecución de la pena de cárcel, siempre que la acusada no vuelva a delinquir en los próximos cuatro años.
Según la resolución judicial, la asesora, que prestaba servicios legales a la empresa desde 2016, utilizó una aplicación informática para modificar las plantillas salariales. Así, comunicaba a la dirección importes inflados y remitía a la entidad bancaria documentos manipulados, en los que figuraban transferencias adicionales a su propia cuenta. El fraude se mantuvo durante casi tres años, hasta que la propia acusada reconoció los hechos en un correo electrónico enviado a la empresa en junio de 2021, lo que motivó la denuncia y el posterior proceso judicial.
El tribunal ha tenido en cuenta las atenuantes de dilaciones indebidas y confesión. La empresa afectada, por su parte, no ha reclamado en este procedimiento la devolución de las cantidades desviadas. La sentencia es firme y no admite recurso.
El caso pone de relieve la importancia de los controles internos en la gestión de nóminas y transferencias dentro de las empresas españolas. Según datos del Ministerio de Justicia, los delitos económicos relacionados con la manipulación de documentos mercantiles han aumentado en los últimos años, especialmente en sectores donde el acceso a información financiera es clave. La legislación española contempla penas de prisión y multas para quienes cometan este tipo de fraudes, aunque la suspensión de la condena puede aplicarse en función de las circunstancias y la colaboración del acusado.
