La crisis de la vivienda ha abierto una brecha política y social que ningún partido consigue cerrar. El último sondeo de Sigma Dos para EL MUNDO muestra que el 23% de los españoles no confía en ninguna formación para gestionar el acceso a la vivienda. El dato refleja el escepticismo general ante las propuestas de todos los bloques.
El Partido Popular es el que más confianza genera, pero solo convence al 23,9%. La izquierda, dividida entre PSOE y Sumar, suma apoyos parecidos: el 15,2% prefiere la gestión socialista y el 14,9% apuesta por la intervención en el alquiler que defiende Sumar. Vox queda más atrás, con un 13,1% de respaldo en vivienda.
En el segundo trimestre de 2026, los precios de la vivienda en España aumentaron un 12,1% interanual, casi el triple del crecimiento de los salarios.
La preocupación por la vivienda afecta a todas las edades. El 52,8% de los menores de 30 años la ve como prioridad. Entre los mayores de 65 a 75 años, la cifra apenas baja: 49,7%. En el resto de franjas, entre el 46% y el 47% cree que la vivienda debe ser el principal asunto en los próximos años. Pero la brecha política es clara. El 71,8% de los votantes de Sumar pone la vivienda en primer lugar, frente al 24,8% de los de Vox. Entre los socialistas, el 56,6% la sitúa como prioridad, mientras que en el PP el dato cae al 39,2%.
En la derecha, la inmigración pasa por delante de la vivienda. Tanto los votantes del PP como de Vox creen que la gestión migratoria debe ser la prioridad. Vox es el partido preferido para este tema, con un 28,1% de apoyo, seguido por el PSOE (19,8%) y el PP (18,8%). Sumar apenas llega al 7,3% en inmigración.
El PP también lidera la confianza en economía, empleo y fiscalidad. El 32% de los encuestados dejaría la política económica en manos populares, el 27,1% el empleo y el 27,3% la fiscalidad. El PSOE es la segunda opción en estos temas. Sumar solo supera a Vox en la gestión del trabajo, área que dirige Yolanda Díaz. Incluso entre los votantes de Sumar, hay más confianza en el PSOE (37,7%) que en su propio partido (32,2%) para la economía.
El Banco de España estima que el déficit de oferta de vivienda ronda las 700.000 unidades, lo que agrava la presión sobre los precios y dificulta el acceso, especialmente para los jóvenes.
En sanidad y educación, la diferencia entre PP y PSOE es mínima. En sanidad, el 25,5% confía en los populares y el 24,9% en los socialistas. En educación, la brecha es de solo 1,4 puntos a favor del PP. Sin embargo, este asunto ha caído al séptimo puesto en la lista de prioridades, por detrás de economía, empleo y seguridad ciudadana. En seguridad, PSOE y Vox empatan como los preferidos para gestionar, mientras el PP queda relegado.
La movilización social tras el desahucio de Maricarmen, de 87 años, y la acampada en la Puerta del Sol han puesto la vivienda en el centro del debate público. Este contexto ha desplazado otros temas y ha obligado a los partidos a posicionarse, aunque la desconfianza general sigue. El 47,9% de los españoles cree que la vivienda debe ser la prioridad nacional, según el sondeo.
El análisis de reportes anteriores muestra que la presión social y el bloqueo político han convertido la vivienda en un campo de batalla clave. La falta de confianza en los partidos y la fragmentación de apoyos dejan a millones de ciudadanos sin una referencia clara para resolver el problema. En este escenario, la gestión de la vivienda se convierte en el termómetro de la credibilidad política en España. Ningún bloque logra capitalizar el malestar social y la demanda de soluciones reales sigue sin respuesta clara.
El reciente rechazo en el Congreso de los dos decretos de vivienda, tras la retirada del apoyo de Junts y el voto en contra de PP, Vox y UPN, ha encendido el debate sobre la eficacia de las propuestas políticas. El Gobierno había vinculado estos decretos a la protección de los inquilinos hasta 2030, con la prohibición de desahucios para arrendatarios vulnerables y la extensión del control de alquileres. La oposición argumentó que estas medidas podrían reducir la oferta y subir los precios. Según el diario El Mundo, la división parlamentaria muestra lo difícil que es llegar a acuerdos en vivienda, mientras la presión social crece en la calle y en la opinión pública.
