Un informe revela que la mayoría de los grandes municipios catalanes ponen obstáculos al empadronamiento, afectando sobre todo a migrantes y personas en situación irregular. Las trabas impactan en el acceso a servicios públicos y derechos básicos.
Más de la mitad de los grandes municipios de Cataluña presentan serias dificultades para que residentes vulnerables, especialmente migrantes y personas en situación irregular, puedan empadronarse. Así lo constata un informe de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS), que señala incidencias en 40 de los 60 municipios más poblados, incluyendo Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona y Terrassa. El estudio, elaborado junto a Ksnet, advierte que en 29 de estas ciudades, diez de ellas en el Área Metropolitana de Barcelona, no se empadrona a todas las personas que lo solicitan, lo que supone un incumplimiento de la obligación legal de registrar a los residentes.
El análisis de ECAS, basado en las aportaciones de 54 entidades sociales y otros agentes que acompañan a personas vulnerables, revela que las trabas administrativas no son casos aislados ni dependen de un solo color político. Según Carlos Macías, director de ECAS, el problema es estructural y afecta a municipios gobernados por partidos de distinto signo. Entre los principales obstáculos detectados figuran diferencias de trato según el tipo de residencia, el origen de la persona, el nivel de ingresos y la situación administrativa. El 80% de los casos afectan a migrantes y el 70% a personas en situación irregular.
El proceso de empadronamiento, que debería ser un trámite garantizado por ley, se complica en todas sus fases: desde la preparación de la documentación hasta la resolución del expediente. El informe detalla que muchas veces se exige documentación adicional no prevista por la normativa, y en algunos municipios el acceso a la cita previa resulta costoso o limitado. Estas barreras impactan especialmente en quienes viven en exclusión residencial severa, como personas sin hogar o en alojamientos precarios.
La situación no es nueva. Entidades y plataformas sociales ya habían alertado en 2023, coincidiendo con las elecciones municipales, sobre la persistencia de estas dificultades. El nuevo sondeo confirma que el problema sigue vigente y no se limita a municipios pequeños. Elena Costas, socia de Ksnet, subraya que la negativa a empadronar afecta sobre todo a quienes más necesitan acceder a derechos y servicios básicos.
El padrón municipal es clave para planificar la sanidad, la educación y otros servicios públicos. Cuando el registro falla, se resiente la capacidad de las administraciones para gestionar recursos y garantizar derechos. Según los autores del informe, la calidad democrática y la confianza ciudadana dependen en parte de la fiabilidad de estos datos. En este contexto, la problemática del empadronamiento se suma a otras situaciones de vulnerabilidad social que han requerido la intervención de servicios sociales, como ocurrió en un reciente caso de menores en Lleida, donde los servicios sociales actuaron tras una denuncia de agresión sexual en Tàrrega.
En Cataluña, el padrón no solo es un requisito administrativo, sino la puerta de acceso a derechos fundamentales como la atención sanitaria, la escolarización y la regularización de la situación administrativa. La ley obliga a los ayuntamientos a empadronar a toda persona que resida en su término, independientemente de su situación legal o tipo de vivienda. Sin embargo, la realidad muestra que muchas personas quedan fuera del sistema, lo que agrava su exclusión y dificulta la planificación de políticas públicas eficaces. El informe de ECAS pone sobre la mesa la necesidad de garantizar el acceso universal al padrón para avanzar hacia una sociedad más inclusiva y equitativa.
