El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará sentencia sobre la amnistía. Junts per Catalunya debe definir su estrategia entre la moderación y la confrontación. El futuro político del partido está en juego.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hará pública mañana su sentencia sobre la amnistía, un fallo que llega en un momento especialmente delicado para Junts per Catalunya. La formación encara las elecciones municipales en Cataluña sin una línea política definida, oscilando entre la moderación adoptada en Barcelona y una postura más cercana a Aliança Catalana en otras zonas. Esta indefinición se refleja en el Congreso, donde Junts alterna el apoyo al Gobierno de coalición con votos alineados con PP y Vox.
La ambigüedad, que en el pasado fue un activo para el espacio heredero de Convergència, ahora se percibe como una crisis de rumbo. Según los últimos datos del CEO, la falta de claridad ha provocado la dispersión de la mitad de sus antiguos votantes, con un tercio inclinándose incluso por Aliança Catalana. El contexto político ha cambiado: la hegemonía convergente en la Generalitat se erosionó tras las protestas contra la austeridad de los gobiernos de Artur Mas y el procés no logró restaurarla, dejando a la sociedad catalana menos centrada en la cuestión territorial.
En este escenario, Junts no puede confiar en un hipotético “efecto Puigdemont”, ya sea por su regreso o por la imposibilidad del mismo, para recuperar la centralidad perdida. El debate político actual gira en torno a derechos sociales y garantías democráticas, como la protección frente a acusaciones de absentismo laboral por enfermedad o el acceso a derechos básicos para quienes no han nacido en España. La pugna política se ha desplazado hacia estos ejes, donde la alineación de las derechas españolas y catalanas con tendencias antidemocráticas globales añade presión.
La dirección de Junts debe decidir si opta por competir con Aliança Catalana y alinearse con PP y Vox para desgastar al Gobierno, aunque esta estrategia podría poner en cuestión principios democráticos fundamentales. Alternativamente, el partido puede consolidarse como una fuerza de centroderecha democrática, diferenciándose y defendiendo los derechos y las instituciones, aunque esto implique costes en el ámbito local y cierta incoherencia con la narrativa reciente. Esta disyuntiva recuerda a los riesgos de politización en la justicia española, como se analizó en un reciente análisis sobre la desconfianza en los tribunales.
El contexto institucional y social en Cataluña ha cambiado notablemente en la última década. La Generalitat ya no es el centro indiscutible del poder político catalán, y la sociedad prioriza cuestiones sociales y económicas sobre el debate territorial. La fragmentación del voto nacionalista y la emergencia de nuevas formaciones han complicado el panorama para Junts. Además, la estabilidad parlamentaria en Madrid depende en parte de la posición que adopte el partido en votaciones clave, como la tramitación de los Presupuestos Generales. La decisión que tome Junts en este momento puede marcar su relevancia futura y su capacidad para influir en la política catalana y española.
