La saturación en los consulados españoles frena la tramitación de nacionalidades bajo la ley de nietos. La mayoría de solicitudes no se resolverá antes de la próxima década. El proceso avanza mucho más lento de lo previsto.
La tramitación de la nacionalidad española para descendientes de exiliados y emigrantes, amparada por la llamada ley de nietos, avanza a un ritmo mucho más lento de lo que sugieren las acusaciones de fraude electoral lanzadas por Vox y respaldadas por el PP. Según datos oficiales, la mayoría de los 2,4 millones de personas que han solicitado cita en consulados españoles para presentar su documentación no podrán hacerlo antes del verano de 2027, y la resolución de la mayoría de expedientes se retrasará hasta bien entrada la próxima década.
El principal cuello de botella se encuentra en la red consular, especialmente en el Consulado General de España en Buenos Aires, que concentra la cuarta parte de todas las solicitudes del mundo. Entre octubre de 2022 y octubre de 2025, este consulado recibió 645.052 peticiones, pero hasta junio de 2026 solo 224.334 personas han podido entregar la documentación. De los expedientes iniciados, apenas se han resuelto 30.000, lo que representa solo el 13% de los tramitados y menos del 5% del total previsto.
La experiencia previa no invita al optimismo: con la anterior Ley de Memoria Histórica, el consulado de Buenos Aires tardó 13 años en resolver 60.000 expedientes. Ahora, la cifra a gestionar es diez veces mayor. Las previsiones apuntan a que la recogida de documentación de quienes solicitaron cita antes de octubre de 2025 se prolongará hasta 2030 o incluso 2031, dependiendo de las renuncias y del ritmo de trabajo.
Actualmente, el consulado resuelve unos 1.800 expedientes al mes, aunque solo la mitad corresponde a beneficiarios de la ley de nietos. Esto significa que, hasta las próximas elecciones generales, podrían obtener la nacionalidad hasta 10.000 personas en la demarcación de Buenos Aires, pero no todas podrán votar: hay que descontar a los menores de edad y considerar que el censo electoral se cierra meses antes de los comicios. Así, la incorporación de nuevos votantes será limitada y no tendrá el impacto masivo que algunos partidos sugieren.
El proceso es lento por la necesidad de verificar la autenticidad de los documentos y por la escasez de personal: solo 15 empleados del consulado de Buenos Aires se dedican al Registro Civil, que también gestiona inscripciones de nacimiento, defunción y matrimonio. Entre 2022 y 2026, el número de inscritos en la matrícula consular aumentó en apenas un 6,3%, hasta 359.273 personas.
Para intentar agilizar la tramitación, Exteriores prevé reforzar la plantilla con 29 puestos temporales y digitalizar los expedientes con ayuda de la empresa pública Ineco. Sin embargo, estas medidas no tendrán efecto inmediato y no se espera que aceleren el proceso antes de las próximas elecciones.
En paralelo, el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior ha rechazado cualquier intento de limitar el derecho al voto de los españoles residentes fuera del país. El órgano advierte que suspender el voto por correo, como ha solicitado Vox, privaría de este derecho a miles de ciudadanos y vulneraría la Constitución. Además, el Consejo ha mostrado su preocupación por las declaraciones que cuestionan la legitimidad de la nacionalidad obtenida por los descendientes de exiliados y emigrantes.
El reparto de votos tampoco garantiza un beneficio para la izquierda, como se ha insinuado desde el PP. En las elecciones generales de 2023, el voto CERA permitió al PP arrebatar un escaño al PSOE en Madrid. Y en las recientes elecciones al Consejo de Españoles Residentes en Buenos Aires, el PP obtuvo la mayoría absoluta de los puestos.
La ley de nietos, en realidad una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, ha generado una avalancha de solicitudes que ha desbordado la capacidad de los consulados. El proceso de nacionalización, lejos de ser rápido, se enfrenta a retrasos estructurales y a una gestión administrativa que no permite incorporaciones masivas al censo electoral en el corto plazo.
Como contexto, la Ley de Memoria Democrática fue aprobada para reparar situaciones de pérdida de nacionalidad por motivos políticos o de exilio. El CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) es el registro oficial de españoles en el extranjero con derecho a voto. La inscripción en el CERA y la obtención de la nacionalidad son procesos independientes y sujetos a plazos administrativos. La digitalización de expedientes y el refuerzo de personal son medidas recientes que buscan mejorar la eficiencia, pero su impacto real se verá a medio plazo. El debate político sobre el voto exterior y la nacionalidad sigue abierto, pero los datos actuales muestran que el proceso está lejos de provocar un cambio inmediato en el censo electoral.
