El calendario electoral se tambaleó el día en que la noticia del fallecimiento de Maricarmen Abascal llegó a los despachos de campaña. Apenas habían pasado dos semanas desde que la vecina del barrio de Retiro fue desalojada por orden judicial. El eco social no tardó en sentirse en la calle y en los platós: la imagen de una pensionista fuera de su casa tras casi siete décadas removió a la opinión pública y dejó a los partidos sin margen para eludir el tema.
Maricarmen Abascal fue desalojada de su vivienda en el barrio de Retiro, Madrid, donde residió durante casi 70 años, el 23 de septiembre de 2026.
El impacto político fue inmediato. Los principales candidatos se vieron forzados a pronunciarse sobre la gestión de la vivienda y el papel de los fondos inmobiliarios. El caso de Maricarmen se convirtió en símbolo de una crisis que afecta a miles de familias. El debate sobre alquileres y protección social se coló en la agenda, desplazando otros temas y dejando claro que la presión social puede cambiar el rumbo de una campaña.
Tras el fin del contrato de renta antigua, la propiedad pasó a manos de Urbagestión, que incrementó el alquiler de unos 500 a 2.650 euros mensuales, una cifra inasumible para la pensionista. Posteriormente, la renta se rebajó a 1.650 euros, pero seguía siendo inaccesible para Maricarmen.
La urgencia por abordar el problema de la vivienda se coló en mítines y ruedas de prensa. El caso Abascal ha servido de catalizador para que la protección de los inquilinos y la regulación de los fondos inmobiliarios ocupen el centro del debate. La presión social y la cobertura mediática han dejado a los partidos sin margen para eludir el coste humano de sus decisiones.
El conflicto legal por la vivienda de Maricarmen se prolongó durante años. Una primera sentencia le dio la razón, pero el Tribunal Supremo falló a favor del propietario y el desahucio se ejecutó. Tras la presión social y la mediación del Ayuntamiento de Madrid, se pactó su regreso a la vivienda, aunque el nuevo contrato no llegó a firmarse antes de su muerte. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid comunicó el fallecimiento y lo presentó como símbolo de la lucha contra los desahucios. RTVE y otros medios han seguido el caso de cerca y el debate sobre la protección de los inquilinos y la regulación de los fondos inmobiliarios sigue abierto.
