Maricarmen Abascal, una jubilada de 87 años, fue expulsada de su piso en el barrio del Retiro tras vivir allí setenta años. Su desalojo ha puesto la vivienda en el centro de la política española. La imagen de Maricarmen fuera de su casa ha encendido la indignación y ha colocado a Junts per Catalunya bajo presión, justo cuando el Gobierno necesita su voto para sacar adelante el nuevo real decreto ley de vivienda.
El Gobierno de Pedro Sánchez ya intentó aprobar la norma en abril y julio, pero no lo logró. Ahora ve una "ventana de oportunidad" para evitar más desahucios como el de Maricarmen. Sánchez ha llamado al caso "tragedia social inaceptable" y ha prometido llevar el decreto al Congreso de forma urgente. Ha pedido "responsabilidad" a los grupos parlamentarios. El Sindicato de Inquilinas exige un texto ambicioso, sin vacíos legales, que impida que se repitan casos como este.
Unas 400 personas se concentraron en la puerta del edificio para intentar frenar el desahucio, lo que refleja el fuerte impacto social del caso Maricarmen.
Pero la decisión sigue en manos de Junts. El partido independentista, con su dirección repartida entre Barcelona y Waterloo, insiste en que no está para "salvar al Gobierno" y acusa al Ejecutivo socialista de no cumplir los acuerdos. En abril, Junts ya bloqueó el decreto junto a PP, Vox y UPN. Eso frustró medidas como el aumento de las pensiones y las bonificaciones al transporte público.
Junts lo deja claro: solo negociará si se atienden sus exigencias en vivienda. El partido defiende que cualquier medida debe proteger al pequeño propietario, sobre todo en Cataluña, donde muchos dependen del alquiler como ingreso extra. Junts rechaza que se les culpe de los problemas del mercado inmobiliario. Pide incentivos fiscales para quienes alquilan o tienen hipotecas y ayudas para jóvenes con cuentas de ahorro para vivienda.
También reclama medidas contra la ocupación, pero sin subir los costes para los propietarios ni quitar competencias a la Generalitat. En Barcelona, el portavoz municipal Jordi Martí Galbis defiende regular el mercado con consenso y sin criminalizar a los dueños de pisos. Esquerra Republicana dice que ya ha hecho su trabajo en vivienda y critica que el Gobierno negocie los límites de la política con Junts. Los Comunes quieren que el caso Maricarmen marque un punto de inflexión y permita grandes acuerdos.
El conflicto de fondo está ligado a la llamada renta antigua: la renta de Maricarmen habría pasado de 500 a 2.650 euros, lo que explica parte del choque entre inquilina y propiedad.
El presidente catalán, Salvador Illa, ha condenado el desenlace y lo atribuye a "ceguera y codicia". Dice que las instituciones deben combatir este modelo. Illa ha puesto la vivienda como eje de su mandato y asegura que las instituciones catalanas ya están actuando.
La presión sobre Junts crece a medida que se acerca la votación del decreto. El Gobierno necesita sumar apoyos para que la norma no vuelva a caer, como ya pasó en primavera. Según el CIS, el 41% de los ciudadanos en España ve la vivienda como una de sus principales preocupaciones. Esto aumenta la urgencia de una solución política. El caso Maricarmen ha reabierto el diálogo, como se contó en el análisis previo.
La gestión de este caso muestra hasta qué punto la vivienda es ya un campo de batalla política y social. El pulso entre el Gobierno y Junts decidirá el futuro inmediato de la ley y pondrá a prueba la capacidad de las instituciones para responder a una demanda ciudadana que va más allá de las ideologías. Si la política no da una respuesta eficaz, la desconfianza y la crispación seguirán creciendo en un país donde encontrar y mantener una vivienda digna es un reto para millones.
Amnistía Internacional calificó el desahucio de Maricarmen como una posible vulneración de derechos humanos, ya que afecta a una persona con discapacidad y sin recursos para otra vivienda. El Gobierno trabaja para llevar al Consejo de Ministros un real decreto-ley de vivienda con una moratoria antidesahucios para quienes no tengan alternativa habitacional, según informó RTVE. La presión política ha subido tras el desahucio, pese a la petición de la ONU para suspenderlo y la oposición del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. El caso ha forzado una respuesta legislativa urgente y ha colocado a Junts como actor clave en la negociación del nuevo marco legal.
