El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años en Madrid, ha obligado al Gobierno a moverse rápido. Tras la orden judicial que la dejó fuera de casa, el Ejecutivo ha retomado las negociaciones con Junts para sacar adelante un real decreto-ley de vivienda con medidas de urgencia. El objetivo es claro: parar los desahucios sin alternativa habitacional. El tema ha saltado al primer plano político y social, tanto en Madrid como en Barcelona.
El Ministerio de Vivienda revisa ahora las propuestas de Junts. Sobre la mesa hay desgravaciones fiscales para inquilinos y pequeños propietarios, la vuelta de las cuentas vivienda para jóvenes, la suspensión de desahucios en pisos de fondos buitre y la prohibición de nuevas compras por parte de estos fondos. También se estudian fórmulas para cancelar hipotecas cuando hay ventas entre bancos por debajo del saldo pendiente.
El Gobierno trabaja contrarreloj para aprobar el nuevo decreto de vivienda, que podría llegar al Consejo de Ministros el 29 de septiembre.
La presión para legislar ha crecido tras el caso de Maricarmen. Ella pagó el alquiler durante 70 años y fue desalojada, aunque se le ofrecieron alternativas. Pedro Sánchez, desde Nueva York, prometió que el Gobierno responderá a esta "tragedia social", pero dejó claro que necesita el apoyo de los socios de investidura. Sánchez lamentó que, si el anterior decreto se hubiera aprobado antes del verano, la situación de Maricarmen habría sido distinta.
El último intento de aprobar un decreto similar fracasó en el Congreso en abril y quedó bloqueado antes del verano. Hace dos semanas, Junts entregó a Sánchez un texto con sus condiciones y cree que puede sumar apoyos suficientes en la Cámara. Pero algunas de sus exigencias fiscales incomodan a otros aliados del Gobierno, sobre todo en un contexto preelectoral.
El nuevo proyecto de decreto incluye la suspensión de desahucios de personas vulnerables hasta que se les ofrezca una alternativa habitacional, con compensación para pequeños propietarios. Además, el Gobierno busca ampliar la protección frente a fondos de inversión y endurecer las condiciones para los desalojos.
ERC ha criticado que el Ejecutivo negocie los límites de la política de vivienda con Junts. Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, lo calificó de "error" y pidió que, si Junts no apoya el acuerdo, quede clara ante los votantes su postura sobre los fondos inmobiliarios.
El Ministerio de Vivienda también habla con otros socios, incluido Podemos, que exige quitar la reforma de la ley del Suelo del texto en negociación. La Moncloa había dejado en pausa el borrador anterior por falta de apoyos, esperando un consenso más amplio.
El caso de Maricarmen ha cambiado el debate sobre vivienda en España. La ley estatal vigente viene de la legislatura anterior, cuando el reparto de fuerzas en el Congreso era distinto y Junts y PNV no tenían el peso de ahora. Hoy, cualquier avance depende de pactos difíciles y de la capacidad del Gobierno para sumar demandas distintas sin perder apoyos clave.
La situación de Maricarmen ya había llamado la atención de medios y sociedad, como se contó en el análisis previo sobre el desalojo en Retiro. El nuevo movimiento del Gobierno busca evitar que se repitan casos así, aunque el alcance real de las medidas dependerá de la negociación final y de la voluntad de los socios de investidura.
El pulso por la vivienda en España es ahora una prueba de resistencia para el Gobierno de coalición. La presión social tras el desahucio de Maricarmen ha obligado a los partidos a tomar posición y a acelerar pactos que llevaban meses atascados. Si hay acuerdo, será un precedente en la legislatura y pondrá a prueba la capacidad del Ejecutivo para responder a una de las mayores urgencias sociales del país. El resultado de estas negociaciones será clave para miles de familias vulnerables y para el equilibrio político en un año con elecciones municipales y generales a la vista.
Según información de El Constitucional, la iniciativa legislativa sigue en fase política y aún no se ha registrado formalmente en el Congreso. Esto muestra la urgencia y la dificultad de las negociaciones en marcha.
