El Consejo General del Poder Judicial mantiene en suspenso tres quejas clave contra el juez Peinado. El desenlace podría llegar tras su jubilación, mientras la Audiencia Provincial de Madrid estudia los últimos recursos.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantiene en vilo la resolución de tres quejas disciplinarias contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña Gómez, mientras la Audiencia Provincial de Madrid aún no se pronuncia sobre los recursos presentados. La situación se complica por la inminente jubilación de Peinado, prevista para el 27 de septiembre, lo que podría dejar sin efecto cualquier posible sanción si el proceso disciplinario no concluye a tiempo.
Peinado, hasta hace poco poco conocido fuera del ámbito judicial, se convirtió en figura central al investigar por primera vez a la esposa de un presidente del Gobierno por su actividad privada. Su instrucción, marcada por decisiones controvertidas, ha generado una serie de denuncias y quejas ante el CGPJ, especialmente tras enviar a juicio a Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.
Entre las quejas más relevantes figura la presentada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien fue citado como testigo en circunstancias que calificó de “absolutamente anómalas”. Bolaños denunció el procedimiento tras ser interrogado en La Moncloa sobre la contratación de Cristina Álvarez como asistente personal de Gómez. El magistrado llegó a reprocharle evasivas y cuestionó su actitud durante el interrogatorio. Posteriormente, Peinado intentó imputar al ministro por falso testimonio y malversación, pero el Tribunal Supremo descartó la acusación por falta total de indicios.
El promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, propuso archivar las quejas de Bolaños al considerar que la citación y el interrogatorio formaban parte de la función jurisdiccional. Sin embargo, la Comisión Permanente del CGPJ devolvió la propuesta, solicitando más información antes de tomar una decisión definitiva. Así, el expediente sigue abierto y pendiente de nuevos datos.
Otra queja relevante llegó tras la decisión de Peinado de imponer medidas cautelares a Begoña Gómez, como la retirada del pasaporte y la obligación de firmar cada 15 días en sede judicial, sugiriendo incluso que los escoltas policiales podrían facilitar una fuga. Esta insinuación llevó a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, a convocar de urgencia a la Comisión Permanente, que optó por dejar en manos del promotor disciplinario la valoración de un posible exceso o abuso de autoridad.
Fuera del caso Begoña Gómez, el CGPJ también estudia una queja de Más Madrid y del diputado socialista Guillermo Hita, quienes acusan a Peinado de dejación de deberes por no prorrogar a tiempo una investigación sobre un alto cargo municipal de Madrid. El retraso obligó a archivar la causa, pero la Comisión Permanente consideró que faltaba información suficiente para decidir y retiró el asunto del orden del día hasta que se recopilen más datos.
En la misma reunión de marzo, el CGPJ archivó por unanimidad otras cuatro quejas contra Peinado, presentadas por particulares ajenos al caso Begoña Gómez o relacionadas con su vida privada. Sin embargo, las denuncias de Bolaños y de Más Madrid e Hita siguen en un limbo, a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos sobre la apertura de juicio oral y las medidas cautelares impuestas a Gómez. Según fuentes jurídicas, la deliberación está prevista para el 13 de julio, aunque la decisión podría demorarse varios días.
El desenlace de estas quejas disciplinarias depende en gran medida del calendario judicial y de la situación interna del CGPJ. Si la sanción propuesta fuera leve, la competencia para ejecutarla recaería en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, actualmente en situación de interinidad, lo que añade más incertidumbre. Además, agosto es inhábil en términos judiciales, lo que podría retrasar aún más cualquier resolución.
En este contexto, la presidenta del CGPJ ha comunicado a los vocales que no se retomarán las quejas pendientes hasta que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie. Sin embargo, fuentes progresistas del órgano temen que, para entonces, Peinado ya haya alcanzado la edad de jubilación, haciendo inviable la aplicación de cualquier sanción, especialmente si se trata de una advertencia o una expulsión simbólica de la carrera judicial.
El caso de Peinado no es el único que ha generado tensiones entre el CGPJ y miembros del Gobierno. Recientemente, la tramitación de la demanda de Félix Bolaños por acusaciones de soborno también puso en el foco la relación entre el poder judicial y el Ejecutivo, como se detalla en este análisis sobre la demanda de Bolaños en Madrid.
El CGPJ, órgano de gobierno de los jueces en España, tiene la responsabilidad de supervisar la actuación disciplinaria de los magistrados. La jubilación forzosa para jueces y magistrados se produce a los 72 años. Las medidas disciplinarias pueden ir desde una simple advertencia hasta la expulsión de la carrera, aunque en casos de jubilación inminente, su efecto puede ser meramente simbólico. El caso Begoña Gómez ha puesto de relieve las tensiones internas en el CGPJ y la dificultad de tomar decisiones disciplinarias en un contexto de división entre sectores progresistas y conservadores. La resolución de los recursos en la Audiencia Provincial de Madrid será clave para determinar el futuro inmediato de las quejas contra Peinado y el impacto real de cualquier posible sanción.
