El juzgado de Madrid acepta la demanda de Félix Bolaños contra Víctor de Aldama. El ministro exige rectificación tras ser acusado de intento de soborno. El caso implica también la publicación de la sentencia en redes sociales.
El juzgado de primera instancia número 8 de Madrid ha dado curso a la demanda presentada por Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, contra el empresario Víctor de Aldama. Bolaños acusa a Aldama de vulnerar su derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, tras las declaraciones públicas en las que el empresario le atribuyó un intento de soborno y la supuesta intención de “comprar su silencio”.
La decisión judicial, fechada el 10 de junio, obliga a Aldama a responder formalmente a las acusaciones y solicita a la Fiscalía que se pronuncie sobre la continuidad del proceso. El origen del conflicto está en las afirmaciones de Aldama, condenado por el Tribunal Supremo a cuatro años y medio de prisión por el caso Koldo, quien aseguró en Telemadrid que Bolaños le contactó para “silenciarle y sobornarle de alguna manera”, llegando a mencionar una oferta económica elevada.
Bolaños exige que Aldama rectifique públicamente y cese cualquier declaración similar, tanto en medios tradicionales como en plataformas digitales y redes sociales. Además, el ministro solicita que, si la demanda prospera, el empresario publique el encabezamiento y el fallo de la sentencia en sus perfiles sociales y le indemnice con 70.000 euros por daños y perjuicios.
En el escrito remitido al tribunal, Bolaños sostiene que nunca ha mantenido relación alguna con Aldama ni con su responsable de comunicación, Ramón Bermejo. El ministro anticipa que Aldama podría presentar como prueba una fotografía de 2019, tomada durante el cumpleaños del entonces ministro José Luis Ábalos en un restaurante propiedad del propio Aldama. Sin embargo, Bolaños subraya que en esa imagen Aldama ni siquiera aparece y que la mera coincidencia en un evento multitudinario no implica relación personal.
El caso se suma a una serie de procesos judiciales recientes que han puesto en el foco a figuras públicas y altos cargos en España. En este contexto, la presión sobre responsables políticos y empresariales ha ido en aumento, como se ha visto en otros procedimientos destacados, entre ellos la investigación sobre la gestión interna de la Guardia Civil y la SEPI, que fue analizada en un reportaje reciente sobre la presión judicial y las dimisiones en altos cargos.
En el sistema judicial español, las demandas por vulneración del derecho al honor suelen implicar la obligación de rectificación pública y, en ocasiones, indemnizaciones económicas. La publicación de sentencias en redes sociales es una medida que busca reparar el daño reputacional en el mismo entorno donde se produjo la supuesta difamación. El caso de Bolaños y Aldama pone de relieve la sensibilidad de las instituciones ante acusaciones públicas sin pruebas y la importancia de los procedimientos civiles para proteger la imagen de los cargos públicos. La resolución final dependerá de la valoración de la Fiscalía y de la respuesta de Aldama ante el tribunal.
