El Congreso de los Diputados es hoy el centro de la tensión política y social en España. Se votan dos decretos de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez. La presión viene de la calle y también de la amenaza de un adelanto electoral. El desahucio de Maricarmen en Madrid ha encendido el debate y ha puesto sobre la mesa la urgencia de proteger a los inquilinos más vulnerables.
La sesión empezó a las 11:00. El ambiente es tenso. El Gobierno necesita el apoyo de Junts para sacar adelante los decretos. Pero Junts exige que se retiren los textos y que se abra una nueva negociación. El partido catalán ha presentado su propia propuesta. Si no hay cambios, avisan de que no apoyarán las medidas del PSOE.
El primer decreto extiende la protección frente a desahucios para inquilinos vulnerables hasta 2030 y limita la compra especulativa de viviendas por fondos de inversión hasta 2028.
El bloque del 'no', con PP, Vox y UPN, ya ha anunciado su rechazo. Carlos Hernández (Vox) dice que las restricciones harán que los propietarios no quieran alquilar a personas vulnerables. Alberto Ibáñez, de Sumar, responde que votar en contra es empujar a cientos de familias al desahucio y a situaciones extremas.
La tensión está también en la calle. El Sindicato de Inquilinas denuncia que el Parlamento está desconectado de la realidad social. Bildu amenaza con llevar el conflicto a la calle si los decretos no salen adelante. El PNV culpa a Sánchez de la situación. Gerardo Pisarello (Sumar) y otros diputados recuerdan los suicidios ligados a desahucios y citan el caso de Maricarmen como ejemplo de la urgencia de la reforma.
La votación será pública y por llamamiento. Cada diputado dirá su voto en voz alta. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha pedido un acuerdo amplio para evitar más desahucios y ha criticado la ausencia del Partido Popular en el debate. Según información de la Agencia EFE, el Gobierno ha ofrecido tramitar el decreto como proyecto de ley para poder incluir las enmiendas de Junts si el partido permite su convalidación urgente.
El segundo decreto, defendido por el ministro de Derechos Sociales Pablo Bustinduy, introduce la prórroga automática de los contratos de alquiler para evitar renovaciones abusivas y proteger a los inquilinos ante subidas repentinas de precios.
Las protestas de inquilinos se han extendido a más de veinte ciudades. Hay convocatorias para pedir cambios en la política de alquiler y más protección para los arrendatarios. La Puerta del Sol en Madrid es uno de los puntos clave de la movilización. El Gobierno busca responder a ese clamor con los decretos.
Junts sigue presionando. Reclama que el PSOE retire los decretos y negocie un nuevo texto. Mantienen su propuesta propia. El día es decisivo para la coalición de Pedro Sánchez. Si los decretos no salen adelante, la opción de un adelanto electoral cobra fuerza.
La división entre partidos es total. Rufián (Sumar) critica a Junts por su postura. El debate se calienta dentro y fuera del hemiciclo. Manifestaciones y protestas rodean el Congreso. Se espera que la votación dure unas cuatro horas.
El pulso político por la vivienda viene de lejos. Como informó espanol.news, el rechazo de Junts ya había dejado en el aire el futuro de los decretos, con Madrid y Barcelona como focos de protesta social. Ahora la presión está en el Congreso. El resultado de la votación marcará el rumbo inmediato de la política de vivienda en España.
La situación muestra lo frágil que es el equilibrio parlamentario y lo difícil que es llegar a acuerdos en vivienda. El caso de Maricarmen ha sido el detonante de una crisis que enfrenta a partidos, Gobierno y sociedad civil. Si los decretos fracasan, el Gobierno de Sánchez podría tener que cambiar de estrategia o incluso convocar elecciones anticipadas. Lo que pase hoy decidirá el futuro de la ley de vivienda y pondrá a prueba la capacidad del sistema político español para responder a una de las demandas sociales más urgentes.
