El Congreso ha frenado el intento del Gobierno de crear un registro estatal obligatorio para los lobbies. La propuesta, presentada como decreto ley, fue rechazada por 179 votos en contra, 155 a favor y 12 abstenciones. Con este resultado, una de las reformas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia queda en suspenso.
PP, Vox, Junts y UPN votaron en contra. PNV, Podemos y tres diputados de Sumar se abstuvieron. El Ejecutivo pierde así la herramienta que buscaba para controlar y dar transparencia a la relación entre los grupos de interés y el sector público. Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), el decreto ley se publicó el 26 de agosto y entró en vigor el 27 de agosto de 2026, pero necesitaba la convalidación posterior del Congreso.
La reforma de los lobbies estaba vinculada a compromisos europeos y su fracaso podría poner en riesgo hasta 1.500 millones de euros en fondos de la UE.
La votación estuvo marcada por la polémica sobre si sindicatos y patronal debían quedar dentro de la regulación. El socio minoritario de la coalición, que al principio criticó al PSOE por no excluir a los agentes sociales, terminó apoyando el texto tras el compromiso público del ministro Óscar López de modificar la norma para dejar fuera a sindicatos y patronal, cuyas competencias reconoce la Constitución. Aun así, la portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, votó en contra y la vicepresidenta Yolanda Díaz no participó en la votación.
La exclusión de los sindicatos generó inquietud entre los socios de investidura. ERC y EH Bildu apoyaron el texto, pero pidieron una regulación más clara y ambiciosa. Oskar Matute, de EH Bildu, reclamó más garantías y control institucional. Desde el BNG, se calificó de "despropósito" la inclusión de los sindicatos en la norma.
El procedimiento elegido por el Gobierno también recibió críticas. El Ejecutivo optó por el decreto ley para acelerar la aprobación antes del 31 de agosto, fecha límite marcada por Bruselas para desbloquear fondos europeos. Sin embargo, la decisión de interrumpir la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley en curso y sustituirlo por un decreto fue vista como un mal precedente por partidos como PNV y Vox. Junts acusó al Gobierno de favorecer a las grandes empresas del Ibex 35 frente a pymes y entidades sin ánimo de lucro catalanas.
La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) apoyó la creación de un registro público y transparente de lobbies, mientras que sindicatos y patronal criticaron su inclusión en la norma. Óscar López defendió que el diálogo social está protegido por la Constitución española.
El ministro Óscar López defendió que la regulación mejoraría la calidad democrática y aseguró que el diálogo social quedaría fuera del alcance de la ley. Prometió una modificación antes de octubre para aclarar este punto, pero la desconfianza entre los grupos parlamentarios no se disipó. El registro propuesto, de carácter público, gratuito y electrónico, ya tenía más de 300 solicitudes de inscripción y más de 3.000 consultas, según el propio ministro.
El debate mostró la dificultad de lograr acuerdos sobre la transparencia y el control de los lobbies en España. La falta de consenso sobre el alcance de la norma y el procedimiento elegido por el Gobierno han bloqueado una medida que, según el propio Ejecutivo, era clave para cumplir compromisos europeos y mejorar la confianza en las instituciones públicas. El fracaso de la ley de lobbies refleja la fragmentación política y la resistencia a cambios en la relación entre poder público y grupos de interés. En un contexto donde la transparencia es una demanda creciente, la incapacidad de avanzar en esta regulación supone un retroceso para la credibilidad institucional y deja en el aire la llegada de fondos europeos vinculados a esta reforma.
Más detalles sobre la tramitación y el contexto político pueden consultarse en Europa Press.
