El Tribunal Constitucional fijará en septiembre su posición sobre el recurso de Jordi Turull, tras el aval europeo a la ley de amnistía. El fallo marcará el futuro de otros líderes del procés pendientes de la medida.
El Tribunal Constitucional ha puesto fecha para abordar el primer recurso de los líderes independentistas del procés a quienes el Tribunal Supremo no aplicó la ley de amnistía. El caso de Jordi Turull, exconseller de la Generalitat, será analizado en el pleno del 22 de septiembre, tras el respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la norma impulsada por el Gobierno, ERC y Junts. Esta decisión llega después de meses de espera, en los que el Constitucional optó por aguardar la resolución europea antes de pronunciarse sobre los recursos de amparo presentados.
El Supremo había rechazado conceder la amnistía a Turull y a otros seis dirigentes, argumentando que el delito de malversación que se les atribuye no está cubierto por la ley. Ante esta negativa, los afectados recurrieron al Constitucional, que ahora debe resolver siete recursos en total. El primero en ser debatido será el de Turull, pero la resolución podría retrasarse si el ponente, el magistrado conservador José María Macías, mantiene su postura crítica hacia la medida de gracia. Si la mayoría del pleno discrepa y opta por conceder el amparo, se designará un nuevo ponente para redactar la sentencia, lo que podría aplazar la decisión definitiva hasta octubre.
La doctrina que establezca el Constitucional en este primer caso será clave para el resto de los implicados, tanto para los condenados por malversación —como Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa— como para los procesados en rebeldía, entre ellos Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. Si el Supremo no aplica de oficio el criterio fijado, el Constitucional tendrá que pronunciarse individualmente sobre cada recurso. Esta situación mantiene en vilo a los afectados y a sus entornos políticos, a la espera de una resolución que podría sentar un precedente relevante en la aplicación de la ley de amnistía.
El debate sobre la malversación y la amnistía no es nuevo en la justicia española. Recientemente, la Audiencia Provincial de Madrid avaló que Begoña Gómez y su asistente sean juzgadas por malversación, aunque descartó otros delitos, como se detalla en este análisis sobre el proceso judicial en Madrid. La resolución del Constitucional sobre el caso Turull podría influir en futuros procedimientos relacionados con la aplicación de la amnistía y la interpretación de los delitos económicos en el ámbito político.
El Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, afronta así una de las decisiones más esperadas del año judicial. El resultado no solo afectará a los líderes independentistas, sino que también marcará el rumbo de la relación entre el Supremo y el Constitucional en materia de interpretación de leyes de gracia. El contexto europeo, tras el aval del TJUE, añade presión y relevancia a la decisión española. La resolución, prevista inicialmente para septiembre, podría extenderse hasta octubre si se produce un cambio de ponente. El desenlace será determinante para el futuro judicial de los implicados y para la aplicación de la ley de amnistía en España.
Como contexto, la ley de amnistía fue aprobada en 2024 tras intensos debates políticos y sociales. Su objetivo principal es cerrar heridas abiertas tras el referéndum del 1-O y los hechos de 2017 en Cataluña. El TJUE, con sede en Luxemburgo, avaló la compatibilidad de la norma con el derecho europeo, despejando así uno de los principales obstáculos jurídicos. El Tribunal Supremo, sin embargo, ha mantenido una interpretación restrictiva respecto a los delitos de malversación, lo que ha generado una cascada de recursos ante el Constitucional. La decisión que se adopte en el caso Turull servirá de referencia para los demás implicados y podría condicionar la estrategia de defensa de otros procesados en causas similares.
