El 30 de julio, Ceuta sufrió una avalancha migratoria que desbordó a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el Ejército ya había recibido una alerta sobre este riesgo tres días antes, según un documento interno que nunca se incluyó en el dosier oficial del Gobierno. El Regimiento 32 de Guerra Electrónica, con base en Sevilla, interceptó el 27 de julio dos conversaciones entre agentes marroquíes que anticipaban una "entrada masiva" en la ciudad autónoma.
El contenido de esas interceptaciones era claro: los agentes fronterizos de Marruecos hablaban de un posible asalto coordinado durante la festividad del Trono, mencionando tanto la valla como el mar como vías de entrada. Se ordenó a los efectivos marroquíes no abandonar sus puestos y se prohibió expresamente el cruce a nado, llegando a sugerir que se pincharan los flotadores de quienes intentaran esa ruta.
Según datos oficiales, más de 70 000 personas cruzaron a Ceuta durante la crisis de finales de julio, una cifra que supera ampliamente estimaciones previas.
Pese a la urgencia, el informe —bajo el nombre Sigintrep 01/2026— permaneció en manos del Ejército de Tierra hasta la mañana del 30 de julio. Solo entonces fue remitido al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) y, después, a la ministra Margarita Robles. Para ese momento, la frontera ya estaba colapsada y el dispositivo español, superado.
El Gobierno, en su dosier desclasificado, solo incluyó el quinto punto del informe, donde se valoraba como "muy probable" una entrada masiva ese día. Los cuatro puntos previos, que detallaban las interceptaciones y la información anticipada, fueron eliminados antes de que el documento llegara al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). Así, la advertencia se transformó en una alerta tardía, sin el contexto necesario para una reacción preventiva.
Fuentes de La Moncloa reconocen que no tuvieron acceso a la información completa hasta la mañana del 30 de julio. El dosier facilitado a la ciudadanía esta semana muestra que la cadena de mando no trasladó la alerta a tiempo. El Regimiento de Transmisiones 32, encargado de operar los sistemas de interceptación, informó según el protocolo, pero la información se quedó bloqueada en los niveles intermedios del Ejército durante dos días clave.
El Gobierno español anunció la desclasificación de unos 40 documentos sobre la crisis de Ceuta, permitiendo el acceso público a materiales que hasta ahora permanecían reservados. Además, según el Ministerio de Política Territorial, desde el 10 de agosto regresaron voluntariamente a Marruecos 4 516 migrantes y se expulsaron 278 personas desde Ceuta, mientras que 2 004 menores siguen bajo tutela.
Mientras tanto, el despliegue en la frontera era claramente insuficiente: solo nueve guardias civiles estaban presentes al inicio del asalto, cinco en la línea terrestre y cuatro del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS). El jefe de este grupo incluso se incorporó estando de baja médica. Los 15 agentes de la Comandancia de Ceuta tuvieron que cerrar sus instalaciones para reforzar la frontera, pero el dispositivo fue desbordado en minutos.
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) también avisó por escrito el 29 de julio a los servicios secretos marroquíes sobre la inminente entrada masiva, pero Marruecos no tomó medidas suficientes para evitar el paso. El Gobierno español no desplegó al Ejército en Ceuta hasta última hora de la tarde, cuando la crisis ya era evidente.
La gestión de la alerta recuerda otros episodios recientes en los que la información clave no llegó a tiempo a quienes debían tomar decisiones, como se ha reportado anteriormente en casos de comunicación interna fallida en organismos públicos.
El caso del informe Sigintrep 01/2026 muestra una cadena de mando incapaz de reaccionar con la rapidez que exigen situaciones de riesgo en la frontera. La eliminación de los detalles más relevantes del documento antes de su envío a la cúpula militar y política no solo retrasó la respuesta, sino que también privó a las autoridades de la información necesaria para anticipar el asalto. Este episodio revela una disfunción grave en la gestión de inteligencia y en la transparencia del Gobierno, que optó por mostrar solo una parte de la información a la ciudadanía. La falta de asunción de responsabilidades y la opacidad en torno a los hechos refuerzan la sensación de que, en cuestiones de seguridad fronteriza, la improvisación pesa más que la prevención.
