El juez Pedraz imputa a Leonardo Marcos por supuestas presiones a la UCO. La causa investiga maniobras para frenar pesquisas que afectaban al Gobierno. Se amplía la lista de altos cargos bajo investigación.
El juez Santiago Pedraz ha decidido imputar al ex director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, en el marco del caso Cloacas, una investigación que pone el foco en supuestas maniobras para obstaculizar causas judiciales que podían perjudicar al PSOE y al Gobierno central. La citación de Marcos para declarar el próximo 10 de septiembre marca un nuevo giro en la causa, que ya incluye entre los investigados a la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo, Manuel Llamas, ambos ya comparecidos ante el magistrado de la Audiencia Nacional.
La decisión del juez responde a la petición de la acusación popular, coordinada por el PP, que sostiene que Marcos habría presionado a la Unidad Central Operativa (UCO) para que la investigación sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, no prosperara. Según la acusación, estas presuntas injerencias irían más allá de la supervisión jerárquica habitual y podrían encajar en delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia.
En el auto, Pedraz subraya la importancia de analizar la actuación de la cúpula de la Guardia Civil durante el periodo comprendido entre junio de 2023 y septiembre de 2024, cuando Marcos ocupaba la dirección general. El juez destaca la coincidencia temporal entre los contactos de la dirección con la presunta trama, la apertura de investigaciones internas y las instrucciones dadas a la UCO, lo que refuerza la necesidad de esclarecer el papel de cada responsable.
Además de la imputación de Marcos, el juez ha ordenado tomar declaración como testigo al fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, para esclarecer el archivo de una denuncia contra la funcionaria Leire Díez, señalada como pieza clave en las maniobras para frenar investigaciones sensibles. El magistrado busca así rastrear el recorrido de la denuncia que afectaba a la juez de Badajoz Beatriz Biedma, quien investigaba al hermano de Pedro Sánchez.
El escrito de la acusación popular apunta que el fiscal Diego Villafañe, entonces mano derecha del fiscal general del Estado, habría remitido instrucciones concretas al fiscal jefe de Badajoz sobre cómo proceder y sobre la conveniencia de archivar la denuncia. Por ello, Pedraz ha solicitado a la Fiscalía de Badajoz y a la Fiscalía General del Estado la entrega íntegra del expediente, incluyendo todas las comunicaciones internas relacionadas con la tramitación de la denuncia contra Leire Díez.
Este caso se suma a otros recientes en los que se investigan supuestas interferencias en investigaciones policiales y judiciales de alto perfil. En este contexto, resulta relevante recordar que en procesos anteriores, como el conocido caso Kitchen, también se han analizado las relaciones entre mandos policiales y responsables políticos, como se detalla en el artículo sobre el juicio por el espionaje a Bárcenas en Madrid (más información sobre el caso Kitchen y sus implicaciones).
El caso Cloacas pone de relieve la tensión entre la independencia de las unidades de investigación y las presiones institucionales en el seno de las fuerzas de seguridad del Estado. La UCO, unidad especializada en delitos complejos, ha estado en el centro de varias investigaciones sensibles en los últimos años. La Audiencia Nacional, por su parte, mantiene abiertas varias causas relacionadas con presuntas injerencias políticas en investigaciones judiciales. La evolución de este proceso será clave para determinar el alcance de las responsabilidades y el impacto en la confianza pública en las instituciones.
