La defensa de Villarejo niega que existiera una trama para sustraer documentos del PP. El comisario responsabiliza a Bárcenas de crear el caso Kitchen con apoyo mediático. El tribunal escuchará las últimas alegaciones esta semana.
El juicio por el caso Kitchen, centrado en el supuesto espionaje al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, vivió este lunes un giro relevante. La defensa de José Manuel Villarejo, comisario jubilado y principal acusado, rechazó de forma tajante que existiera una operación para robar documentos sensibles del PP. El abogado Antonio García Cabrera defendió ante el tribunal que la acusación carece de pruebas sólidas y que la trama fue, en realidad, una construcción mediática impulsada por el propio Bárcenas.
Durante la sesión número 36 del proceso, la defensa insistió en que la Fiscalía Anticorrupción no ha demostrado que altos cargos del Ministerio del Interior, con Jorge Fernández Díaz al frente, ordenaran una operación parapolicial para sustraer información comprometedora. Según el letrado, lo que realmente existió fue una operación de inteligencia dirigida a localizar fondos ocultos de Bárcenas, y no una maniobra para proteger a dirigentes del PP de la investigación del caso Gürtel.
El abogado de Villarejo fue más allá al señalar que el caso Kitchen nunca existió como tal, sino que fue creado por Bárcenas a través de un grupo de periodistas, a quienes habría movilizado para dar forma a la narrativa pública. García Cabrera subrayó que ninguna de las pruebas presentadas permite concluir que el objetivo fuera apropiarse de documentos del partido. Admitió que pudo haber irregularidades en la operación, pero negó que existiera una directriz estatal para encubrir a responsables políticos.
La defensa también atacó la credibilidad de Bárcenas, resaltando las contradicciones en sus declaraciones y acusándolo de alimentar la polémica en torno al caso. En paralelo, se intentó desacreditar el valor de las agendas y grabaciones de Villarejo, que han sido piezas clave en la instrucción. El abogado argumentó que los diarios del comisario contienen desde hipótesis hasta rumores y estrategias, y que no pueden considerarse hechos probados. Las grabaciones, obtenidas de forma subrepticia durante años, también fueron minimizadas por la defensa, que cuestionó su relevancia como prueba.
Villarejo, según su abogado, actuó bajo órdenes directas de Eugenio Pino, entonces director adjunto operativo de la Policía Nacional. La captación del chófer de Bárcenas como confidente y el uso de fondos reservados, según la defensa, se enmarcaron dentro de la legalidad y respondieron a instrucciones superiores. Además, se defendió que la operación Kitchen y la investigación judicial sobre Gürtel eran procesos distintos, por lo que no informar a los agentes de la Audiencia Nacional no constituiría delito.
El tribunal prevé que las últimas defensas expongan sus alegatos este martes, antes de que los procesados ejerzan su derecho a la última palabra. Tras ello, el juicio quedará visto para sentencia. El caso Kitchen ha generado un intenso debate sobre los límites de las operaciones policiales y la relación entre política y justicia en España. En este contexto, otros procesos recientes han puesto el foco en la transparencia y la rendición de cuentas de figuras públicas, como ocurrió con el hallazgo de joyas en la oficina de un expresidente, tema que también ha suscitado controversia y puede consultarse en este análisis sobre la presión judicial a Zapatero.
El caso Kitchen se remonta a 2013, cuando se sospechó que desde el Ministerio del Interior se impulsó una operación para espiar a Bárcenas y evitar que información sensible llegara a los investigadores del caso Gürtel. La figura de Villarejo ha estado en el centro de múltiples investigaciones por su papel en operaciones policiales controvertidas. El proceso ha puesto de relieve la utilización de fondos reservados y la captación de confidentes en el seno de la Policía Nacional. La sentencia que se dicte en las próximas semanas podría marcar un precedente sobre la responsabilidad de los mandos policiales y políticos en este tipo de actuaciones. El caso también ha reavivado el debate sobre la independencia judicial y la influencia de los medios en la construcción de relatos públicos en España.
