El Gobierno ha tenido que reaccionar tras la indignación que provocó el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años expulsada de su casa en Madrid después de más de setenta años viviendo allí. Las imágenes de la anciana saliendo en camilla han convertido el caso en un símbolo de la crisis de la vivienda y han puesto en entredicho la política del Ejecutivo.
Ante la presión social y política, el PSOE ha abierto conversaciones urgentes con Junts para sacar adelante un real decreto ley con medidas de impacto. Fuentes de la dirección de Junts citadas por EL MUNDO aseguran que el Gobierno ve con buenos ojos propuestas como suspender los desahucios en viviendas de fondos buitre, prohibir que estos fondos compren más pisos y aplicar desgravaciones fiscales en el IRPF para alquileres, hipotecas y cuentas de ahorro para jóvenes.
En el primer trimestre de 2026, el 64,9% de los desahucios en España estuvieron relacionados con impagos de alquiler, lo que refleja la presión sobre los inquilinos vulnerables.
El paquete negociado incluye que los mayores de 65 años puedan vender su vivienda habitual sin pagar impuestos por la ganancia si se mudan a una residencia. También se estudia permitir cancelar la hipoteca si el banco vende la vivienda a otra entidad por menos de lo que queda pendiente. El objetivo es aliviar la situación de miles de familias atrapadas entre alquileres imposibles y la amenaza constante de perder su casa.
El caso de Maricarmen no es aislado. Solo en el primer trimestre del año hubo 4.005 desahucios en España, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es un 45,4% menos que el año anterior, pero sigue siendo una media de 44,5 lanzamientos al día. El episodio ha reavivado el recuerdo del 15-M y ha hecho que sectores ligados a Sumar y la izquierda alternativa exijan respuestas inmediatas. Incluso han amenazado con romper la coalición si no se actúa con firmeza.
La presión ha llegado al punto de que Moncloa reconoce el desahucio como un punto de inflexión y admite la urgencia de dar soluciones. El Gobierno trabaja a contrarreloj para que el nuevo decreto de vivienda se apruebe en el Congreso. El anterior fue tumbado por PP, Vox y Junts. Ahora, el Ejecutivo pide a todos los grupos parlamentarios que cedan para desbloquear la legislatura y evitar un nuevo estallido social.
Cataluña lidera el ranking de desahucios en España en 2026, seguida de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid, concentrando más del 71% de los casos a nivel nacional.
Entre las voces más críticas está Ada Colau, que advierte que, si no hay medidas, Sumar debería salir del Gobierno para no ser cómplice de la inacción socialista. El clima de tensión ha subido en las últimas horas, con la amenaza de protestas en la calle si no se producen cambios reales.
El caso de Maricarmen ya fue objeto de cobertura previa, donde se relató la intervención policial y la falta de alternativas habitacionales. Ahora, la atención está en si el Gobierno logrará un acuerdo que frene la oleada de desahucios y alivie la presión sobre las familias más vulnerables.
La situación actual muestra que en los últimos años no se ha logrado frenar la subida de precios ni la especulación inmobiliaria. Que el Ejecutivo tenga que negociar medidas excepcionales con Junts deja claro que la vivienda es el principal campo de batalla político y social en España. Si el decreto sale adelante, supondrá un giro en la gestión de la emergencia habitacional. El reto será convertir las propuestas en soluciones reales y duraderas para quienes viven al límite cada mes.
El caso de Maricarmen fue confirmado por medios internacionales como Reuters, que destacan la reacción de las autoridades y la presión de organismos internacionales. El desahucio fue ejecutado por Urbagestión, la empresa que compró el inmueble en 2018 y que, según la prensa, ofreció una alternativa de alquiler asequible que no fue aceptada. Más detalles sobre la evolución de la crisis habitacional pueden leerse en la prensa española.
