El Ministerio de Asuntos Exteriores sigue sin pronunciarse mientras Marruecos lanza advertencias directas a España y cuestiona a partidos y jueces nacionales. La falta de respuesta pública del Gobierno ha dejado espacio al Partido Popular, que ha asumido el papel de interlocutor principal en una crisis que afecta a la soberanía y la seguridad del país.
La última aparición de José Manuel Albares fue en Bruselas, donde insistió en que España no fue avisada sobre la magnitud del intento de entrada masiva en Ceuta el 30 de julio. Desde entonces, el Ministerio no ha hecho declaraciones, ni siquiera tras el comunicado marroquí que señala a instituciones españolas y al propio Partido Popular. La reacción del Gobierno se ha limitado a gestos discretos, como la convocatoria reservada de la embajadora marroquí, que no acudió personalmente.
El Ministerio de Exteriores de España ha iniciado negociaciones con la Unión Europea para asegurar la presencia permanente de Frontex y Europol en Ceuta y Melilla.
En contraste, el Partido Popular ha respondido con firmeza. Ha responsabilizado a Marruecos de los hechos y acusa al país vecino de violar la integridad territorial española y europea mediante la instrumentalización de la inmigración irregular. El PP exige garantías para evitar que se repitan incidentes similares y reclama respeto a las instituciones y a la investigación judicial en curso.
El comunicado marroquí, firmado por Nasser Bourita, rechaza cualquier responsabilidad de Rabat y acusa a sectores políticos y mediáticos españoles de utilizar la crisis con fines internos. Aunque no menciona al Partido Popular, la referencia es clara por las críticas previas de este partido tanto a Marruecos como al Gobierno de Pedro Sánchez. Rabat reprocha a los partidos históricos españoles haber caído en lo que califica de populismo irracional.
La dirección del PP insiste en que la defensa de las fronteras y la seguridad nacional es prioritaria y advierte que ningún actor externo debe interferir en los procedimientos judiciales españoles. Además, plantea dos preguntas: por qué no se ejecuta el retorno de quienes entraron irregularmente si Marruecos se comprometió a admitirlos, y por qué los menores siguen separados de sus familias pese a la petición urgente de Rabat.
El Gobierno español ha anunciado la próxima desclasificación de unos 40 documentos de inteligencia y seguridad relacionados con la crisis migratoria en Ceuta, con el objetivo de aclarar qué información se conocía previamente y si existió alguna implicación de Marruecos.
El Ministerio de Exteriores no ha respondido a estas cuestiones. El silencio oficial contrasta con la presión creciente y deja a la oposición como única voz visible en la gestión de la crisis. Esta situación recuerda a otros episodios recientes en los que la falta de reacción del Gobierno ha generado malestar institucional, como se vio en el análisis de incidentes en Ceuta tras la crisis migratoria.
La gestión reservada del Gobierno en este conflicto con Marruecos evidencia una estrategia de contención que, lejos de calmar la situación, ha permitido que la oposición marque la agenda y que crezcan las dudas sobre la protección de la soberanía española. En un contexto de presión migratoria y tensiones diplomáticas, la falta de transparencia y de liderazgo público por parte del Ejecutivo alimenta la percepción de debilidad institucional. El caso muestra cómo la ausencia de respuesta oficial puede afectar la percepción de seguridad y la confianza en las instituciones, especialmente cuando la crisis afecta a territorios como Ceuta y Melilla y a la relación con Marruecos.
El ministro Albares ha repetido que España "no tolerará ninguna duda sobre su integridad territorial" y que las declaraciones de ministros marroquíes "empeoran" la relación bilateral, según recogen notas oficiales del Ministerio de Exteriores.
