El Ejecutivo afronta un Congreso dividido y la presión de sus socios. Sánchez intenta aprobar leyes y decretos clave antes de decidir si adelanta las elecciones. El futuro de la legislatura depende de pactos cada vez más frágiles.
El Gobierno de Pedro Sánchez encara una de sus fases más delicadas en el Congreso, con la mayoría parlamentaria cada vez más erosionada y la amenaza de elecciones anticipadas en el horizonte. La sesión plenaria de este miércoles evidenció la creciente distancia entre el Ejecutivo y sus socios habituales, como Junts y Podemos, que han endurecido su postura y dificultan la aprobación de nuevas medidas.
En contraste con el año anterior, cuando Sánchez logró sortear una crisis política con un paquete de medidas anticorrupción, la situación actual muestra un Ejecutivo con menos margen de maniobra. La ruptura con Junts, el distanciamiento de Podemos y las tensiones con el PNV han dejado al Gobierno sin una mayoría estable, lo que complica la tramitación de leyes y decretos en la recta final de la legislatura.
Pese a este escenario, el Ejecutivo mantiene su estrategia de agotar todas las opciones antes de convocar elecciones. Según fuentes gubernamentales, aún quedan meses hasta 2027, fecha en la que Sánchez ha asegurado que se celebrarán los comicios, aunque no ha precisado si será antes o después de las autonómicas de mayo. Mientras tanto, el Gobierno intenta sacar adelante iniciativas como el “bono verano joven”, que prevé descuentos de hasta el 90% en transportes, una ley para prohibir las terapias de conversión de la homosexualidad y la transferencia de la titularidad de la AP9 a Galicia.
Este jueves está previsto un nuevo pleno con varias votaciones clave. El Ejecutivo confía en aprobar todos los decretos y leyes presentados, aunque reconoce que la negociación con los socios es cada vez más compleja. En lo que va de año, el Gobierno ha conseguido sacar adelante una docena de leyes, pero las grandes reformas, como el paquete anticorrupción, la reforma de la justicia o el último decreto sobre vivienda, siguen bloqueadas principalmente por el rechazo de Junts.
El calendario legislativo incluye también un pleno en julio para aprobar una prórroga del decreto de ayudas por la guerra en Irán. Este nuevo paquete será más limitado, ya que el conflicto ha terminado y se espera una recuperación progresiva. Algunas medidas vigentes, valoradas en 5.000 millones de euros, decaerán, mientras que otras se mantendrán. La convalidación de este decreto será una prueba más de la capacidad del Gobierno para mantener viva la legislatura.
La gran apuesta de Sánchez para dotar de contenido político a esta última etapa son los Presupuestos para 2027. Sin embargo, el ambiente en el Congreso, con Junts exigiendo la dimisión del presidente y Podemos reclamando elecciones, hace que un acuerdo presupuestario parezca improbable. El Gobierno planea estirar al máximo el proceso, utilizando la tramitación de las cuentas como herramienta política y como posible programa electoral de la coalición. Si finalmente los Presupuestos fracasan, algo que podría ocurrir a finales de año, Sánchez tendría la excusa formal para convocar elecciones en los primeros meses de 2027 o incluso en primavera, aunque legalmente podría prolongar la legislatura hasta el verano.
El debate de este miércoles marca el inicio de una larga precampaña electoral, aunque desde el Ejecutivo insisten en mantener la normalidad institucional y agotar todas las votaciones posibles. El PNV ha sido claro al respecto: si no se aprueban los Presupuestos, la convocatoria electoral será inevitable. En este contexto, la estabilidad del Gobierno depende de pactos cada vez más frágiles y de la capacidad de Sánchez para negociar hasta el último momento.
En el contexto político español, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado suele ser el principal termómetro de la estabilidad de un Gobierno. La falta de apoyos suficientes puede forzar un adelanto electoral, como ha ocurrido en legislaturas anteriores. Además, la fragmentación parlamentaria y la dependencia de partidos minoritarios han convertido cada votación en una prueba de resistencia para el Ejecutivo. La situación actual refleja la complejidad de gobernar en minoría y la importancia de los acuerdos puntuales para evitar el bloqueo institucional.
