El Ejecutivo mantiene su postura sobre la regularización de migrantes tras el respaldo de la Comisión Europea. El Supremo estudia elevar dudas al TJUE, pero el proceso sigue adelante. Bolaños insiste en la solidez jurídica del decreto.
El Gobierno español mantiene su posición firme respecto al proceso de regularización de migrantes, a pesar de que el Tribunal Supremo sopesa consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la legalidad de la medida. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha subrayado que la Comisión Europea ya confirmó que “España tiene perfecto derecho a aprobar una norma de estas características”, lo que, según el Ejecutivo, despeja cualquier conflicto con la normativa comunitaria.
Bolaños ha recalcado que, incluso si el Supremo decide elevar la cuestión al TJUE, el procedimiento de regularización no se detendría. Solo se vería afectado el proceso judicial ante el alto tribunal, mientras que el resto de trámites seguirían su curso. El ministro ha recordado que la única vía para frenar la aplicación del decreto sería la adopción de medidas cautelares, algo que los magistrados ya han descartado. En todo momento, ha manifestado respeto por la decisión final que adopte el Supremo, pero insiste en la “absoluta tranquilidad” del Gobierno ante el escenario actual.
El Ejecutivo defiende que el real decreto que regula la regularización de migrantes ha superado todos los controles jurídicos exigidos y cuenta con informes favorables. Bolaños ha destacado que la medida no solo responde a una cuestión de derechos, permitiendo que personas que residían en España en situación precaria accedan a la legalidad, sino que también tiene un impacto positivo en la economía, ya que estos ciudadanos podrán trabajar y contribuir al sistema público.
En paralelo, el ministro se ha pronunciado sobre la situación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, quien ha solicitado autorización judicial para viajar a la cumbre de la OTAN en Turquía y a la graduación de su hija en Reino Unido, tras la retirada de su pasaporte y la prohibición de salir de España por parte del juez Juan Carlos Peinado. Bolaños considera habituales este tipo de peticiones y su concesión, aunque ha reiterado su crítica a las medidas cautelares impuestas, calificándolas de desproporcionadas e innecesarias. Según el ministro, no existe riesgo de fuga por parte de Gómez.
El debate sobre la regularización de migrantes se produce en un contexto de tensión política, donde el Gobierno busca mantener el control parlamentario y la estabilidad institucional. En este sentido, la reciente propuesta para reformar la ley electoral y dar ventaja al partido más votado, impulsada por la oposición, ha generado un intenso debate en el Congreso, como se refleja en la cobertura sobre la reforma electoral y el censo.
Por otro lado, Bolaños ha reafirmado el respaldo del Gobierno a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, actualmente investigada junto a sus dos predecesores por diferentes causas. El ministro ha insistido en que, según la información disponible, no hay elementos que cuestionen la gestión de Gualda y ha pedido dejar actuar a la Justicia.
La regularización de migrantes en España ha sido objeto de debate en los últimos años, especialmente tras la presión de organizaciones sociales y la necesidad de adaptar la normativa a la realidad demográfica y laboral del país. El proceso se enmarca en un contexto europeo donde cada Estado miembro mantiene competencias propias en materia migratoria, siempre que no contravenga la legislación comunitaria. La Comisión Europea suele intervenir solo en caso de conflicto directo con las normas de la UE. En España, los procesos de regularización anteriores han tenido un impacto significativo en el mercado laboral y en la integración de colectivos vulnerables. El actual decreto busca dar respuesta a situaciones de irregularidad prolongada y facilitar la inclusión social y económica de miles de personas.
