Héctor de Miguel, conocido como Quequé, fue detenido en Salamanca tras una orden judicial de Madrid. Se le investiga por presuntas coacciones y desobediencia. La Fiscalía pide hasta dos años de prisión y una indemnización.
Héctor de Miguel, más conocido como Quequé, fue arrestado en Salamanca la noche del 15 de julio por agentes de la Policía Nacional. La detención se produjo debido a una orden judicial vigente emitida por un juzgado de Madrid, según confirmaron fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León. El humorista, originario de Salamanca, pasó la noche en dependencias policiales antes de quedar en libertad a la espera de nuevas instrucciones judiciales.
El caso que ha motivado la detención se remonta a una reclamación judicial por un presunto delito de coacciones contra Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos. El Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid abrió juicio oral el pasado marzo, y la Fiscalía solicita hasta dos años de prisión por acoso, además de una indemnización de 6.000 euros por daños morales a la denunciante. La investigación se centra en hechos que, según la acusación, habrían supuesto una presión indebida sobre Castellanos.
Tras su arresto, el Tribunal de Instancia de Salamanca acordó la puesta en libertad de Quequé, aunque el humorista queda ahora a disposición del juez de Madrid que dictó la orden de busca y captura. Esta orden está relacionada con una investigación por presunto delito de desobediencia, ya que, pese a haber abonado una condena previa de casi 42.000 euros al periodista Alfonso Rojo por intromisión ilegítima en su honor, la justicia considera que Quequé no cumplió adecuadamente con la lectura pública de la sentencia en su programa y redes sociales, como se le había exigido.
El historial judicial de Quequé incluye otros procedimientos recientes. En mayo de 2025, la Audiencia Provincial de Madrid archivó la causa abierta por un presunto delito de odio tras unas declaraciones sobre el Valle de los Caídos y sacerdotes pederastas en su programa de Cadena SER. El tribunal concluyó que, aunque las expresiones podían interpretarse como provocadoras, no constituían incitación al odio y quedaban amparadas por la libertad de expresión.
La situación de Quequé se produce en un contexto de creciente atención mediática a los procesos judiciales que involucran a figuras públicas en España. En los últimos años, varios casos han puesto en el centro del debate la relación entre la libertad de expresión y los límites legales, como se analizó en el reciente fallo europeo sobre la amnistía y su impacto en Cataluña. Estos episodios muestran cómo las decisiones judiciales pueden tener repercusiones directas en la vida pública y en la percepción social de los derechos fundamentales.
En España, los delitos de coacciones y desobediencia pueden conllevar penas de prisión y sanciones económicas, especialmente cuando afectan a derechos fundamentales o involucran a personalidades con proyección pública. El caso de Quequé subraya la complejidad de los procedimientos judiciales en materia de libertad de expresión y la importancia de cumplir estrictamente las resoluciones de los tribunales. Además, la atención sobre estos procesos refleja el interés social por el equilibrio entre la crítica pública y el respeto a las decisiones judiciales, un debate que sigue abierto en la sociedad española.
