El fallo del TJUE sobre la amnistía apenas genera impacto en Cataluña. En Madrid, la posible vuelta de Puigdemont reaviva tensiones políticas. El Supremo mantiene la última palabra sobre el cierre del procés.
La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía ha tenido un efecto limitado en Cataluña, donde el llamado procés ya es considerado un asunto cerrado por la mayoría de la sociedad. Mientras en Barcelona la resolución apenas ha provocado movimientos, en Madrid la situación se percibe con mayor inquietud ante la posibilidad de que Carles Puigdemont regrese desde Bélgica.
En Cataluña, la aplicación de la amnistía no se interpreta como el final del procés, sino como un paso necesario para dejar atrás definitivamente esa etapa. Salvador Illa, líder del PSC, ha insistido en la importancia de aplicar la sentencia europea de forma “diligente e integral”, convencido de que esto no supondrá problemas para su gobierno. La normalización política que defiende Illa pasa por el retorno de Puigdemont, aunque los datos del Centre d’Estudis d’Opinió muestran que el apoyo al expresident entre los votantes de Junts ha caído notablemente desde 2025.
La figura de Puigdemont pierde peso incluso entre sus propios seguidores, y la sociedad catalana, en su mayoría, no ve sentido en impedir su regreso. Sin embargo, en Madrid la posible vuelta del expresident se percibe como un factor capaz de alterar el equilibrio político. El Gobierno central teme que la resolución de la situación de Puigdemont pueda modificar la posición de Junts en el Congreso, aunque el partido afronta un futuro incierto y se aferra al regreso de su líder como último recurso para recuperar protagonismo.
El Partido Popular, por su parte, se encuentra en una posición incómoda, ya que el fallo del TJUE coincide con sus intentos de acercamiento al electorado de Junts. En otras circunstancias, los populares habrían optado por movilizaciones en defensa de la unidad de España, pero ahora el asunto se convierte en un reto para Alberto Núñez Feijóo. Vox, mientras tanto, busca capitalizar la situación, y la decisión final queda en manos del Tribunal Supremo, que ya en 2019 demostró actuar con independencia de los tiempos políticos.
El contexto actual recuerda a momentos anteriores en los que decisiones judiciales han condicionado el calendario político en España. Como se analizó en un reciente artículo sobre el respaldo europeo a la amnistía, el TJUE ha descartado conflictos con la normativa comunitaria, pero la aplicación efectiva de la ley sigue dependiendo de los tribunales españoles. La evolución de este proceso será clave para el futuro político tanto en Cataluña como en el resto del país.
En el plano general, la ley de amnistía fue aprobada en 2024 tras intensos debates y negociaciones entre partidos. El TJUE actúa como máximo intérprete del derecho europeo, y sus sentencias son vinculantes para los Estados miembros. El Tribunal Supremo español mantiene la competencia para aplicar o interpretar la ley en casos concretos, lo que otorga a la justicia nacional un papel decisivo en el desenlace del procés. El regreso de Puigdemont podría tener implicaciones en la dinámica parlamentaria, pero los últimos datos reflejan un descenso en el interés social por reabrir el conflicto independentista. La atención política se centra ahora en la gestión de la amnistía y en el impacto que pueda tener en el equilibrio de fuerzas en el Congreso.
