El magistrado Juan Carlos Peinado ordena la retirada del pasaporte a Begoña Gómez y prohíbe su salida de España. La medida, inédita en democracia, responde a la presión de acusaciones populares de extrema derecha.
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se enfrenta a una de las decisiones judiciales más contundentes de los últimos años en España. El juez Juan Carlos Peinado ha decretado la apertura de juicio oral contra ella y, como medida cautelar, le ha retirado el pasaporte, prohibiéndole abandonar el país. Esta resolución, que marca un precedente en la historia reciente, fue adoptada tras la insistencia de asociaciones de acusación popular vinculadas a la extrema derecha, como Hazte Oír y Vox.
La retirada del pasaporte no es una petición nueva: ya en noviembre de 2024, las mismas acusaciones intentaron impedir que Gómez acompañara a Pedro Sánchez a la cumbre del G-20 en Brasil. En aquel momento, Peinado consideró la medida innecesaria y desproporcionada, argumentando que la investigación apenas comenzaba y que la situación personal de Gómez hacía improbable una fuga prolongada al extranjero. Sin embargo, el contexto ha cambiado y, tras una nueva solicitud esta semana, el juez ha optado por endurecer las restricciones.
El Gobierno ha mostrado su rechazo a la decisión. La portavoz Elma Saiz calificó la medida de incomprensible, recordando que Gómez reside en La Moncloa bajo protección policial permanente. A pesar de estas garantías, el magistrado ha dado peso a los argumentos de las acusaciones populares, que sostienen que existe riesgo de fuga o de obstaculización del proceso.
La causa contra Begoña Gómez se centra en cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Según la instrucción, la esposa del presidente habría utilizado su relación con Pedro Sánchez para favorecer su carrera profesional y habría contado con el apoyo de una asesora para sus actividades privadas. El juez Peinado sostiene que el caso representa una trama de corrupción sin precedentes desde el siglo XIX, llegando a comparar la situación con prácticas propias de regímenes absolutistas.
La decisión de imponer medidas cautelares tan severas a una figura pública de este perfil ha generado debate en el ámbito político y jurídico. No es la primera vez que la justicia española se enfrenta a la disyuntiva de restringir la libertad de movimientos de altos cargos o sus familiares. En otro caso reciente, el juez de la Audiencia Nacional optó por no retirar el pasaporte al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, pese a la presión mediática y la investigación en curso, como se detalla en este análisis sobre la imputación a Zapatero.
En el contexto español, la apertura de juicio oral y la retirada de pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno subrayan la tensión entre la independencia judicial y la presión de sectores políticos. La figura de la acusación popular, muy presente en el sistema judicial español, permite que asociaciones y partidos intervengan en procesos de alto perfil, lo que a menudo añade un componente político a las decisiones judiciales. La medida adoptada por Peinado es excepcional y pone el foco en el debate sobre el alcance de las cautelares en casos que afectan a la esfera política y familiar del poder ejecutivo.
En España, la retirada del pasaporte como medida cautelar es poco frecuente y suele reservarse para casos con riesgo real de fuga. La instrucción judicial contra Begoña Gómez se suma a una serie de procedimientos recientes en los que la justicia ha tenido que equilibrar la protección de los derechos fundamentales con la necesidad de garantizar el desarrollo de los procesos penales. El caso sigue abierto y se esperan nuevas reacciones en los próximos días.
