Begoña Gómez afronta juicio por tráfico de influencias, corrupción y otros cargos. El juez le retira el pasaporte y le prohíbe salir de España. También deberá comparecer cada 15 días ante el juzgado.
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se enfrenta a un proceso judicial tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral contra ella por cuatro delitos graves. El magistrado ha ordenado la retirada de todos sus pasaportes, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de presentarse en el juzgado cada quince días. Estas medidas cautelares buscan evitar el riesgo de fuga, según argumenta el auto judicial.
La resolución afecta también a Cristina Álvarez, asesora de Gómez en La Moncloa, y al empresario Juan Carlos Barrabés, vinculado a la creación de la cátedra de Gómez en la Universidad Complutense. Mientras que a Álvarez se le atribuyen los mismos delitos que a Gómez, Barrabés será juzgado por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Sin embargo, sobre el empresario no pesan medidas cautelares, ya que no fueron solicitadas por la acusación popular.
El caso se traslada ahora a la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá decidir si el juicio se celebra ante un jurado popular o un tribunal profesional. La Sección 23 de la Audiencia tiene pendiente resolver los recursos presentados por las defensas y la Fiscalía, que podrían modificar el desarrollo del proceso. Si estos recursos son desestimados, el juicio avanzará según lo previsto por el juez Peinado.
El magistrado justifica la dureza de las restricciones por la posibilidad de que, en caso de condena, la pena supere los dos años de prisión, lo que impediría la suspensión de la ejecución y podría llevar a un ingreso en prisión. Además, Peinado rechaza el argumento de la defensa de que la protección policial de Gómez, derivada de su condición de esposa del presidente, elimina el riesgo de fuga. Según el juez, esa protección es temporal y podría desaparecer si cambia la situación política, facilitando una posible evasión.
Las comparecencias quincenales deberán realizarse en el juzgado 41 de Madrid, una vez en la primera mitad del mes y otra en la segunda. La prohibición de salida del país se comunica a todos los puestos fronterizos y aeropuertos, tanto civiles como militares. El auto también impide a Gómez solicitar nuevos pasaportes, sean ordinarios o diplomáticos, de cualquiera de sus nacionalidades.
En el contexto de la justicia española, no es la primera vez que un alto cargo o su entorno se enfrenta a medidas cautelares. Por ejemplo, en otro caso reciente, el juez decidió mantener la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero pero descartó imponerle restricciones como la retirada del pasaporte, a pesar de los indicios existentes. Más detalles sobre esa decisión pueden consultarse en este análisis sobre la situación judicial de Zapatero.
El proceso contra Begoña Gómez pone de relieve la severidad con la que la justicia puede actuar ante sospechas de delitos relacionados con la función pública y la gestión de recursos. En España, la apertura de juicio oral implica que la fase de instrucción ha concluido y que existen indicios suficientes para sentar a los acusados en el banquillo. La decisión final sobre la celebración del juicio y su formato dependerá de la Audiencia Provincial, que aún debe pronunciarse sobre los recursos pendientes.
En los últimos años, la justicia española ha endurecido el control sobre posibles casos de corrupción y tráfico de influencias en el entorno político. La imposición de medidas cautelares como la retirada de pasaporte y la prohibición de salida del país se utiliza para garantizar la presencia de los acusados durante el proceso y evitar posibles fugas, especialmente cuando se trata de figuras públicas o personas con acceso a recursos y contactos internacionales.
