La Fiscalía y las acusaciones presentan pruebas clave contra altos cargos del Ministerio del Interior por la operación Kitchen. El juicio se centra en la implicación de Fernández Díaz y su entorno en el espionaje a Bárcenas.
El proceso judicial por la operación Kitchen entra en su fase decisiva en la Audiencia Nacional, con la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones desplegando una batería de pruebas que buscan demostrar la implicación directa de la cúpula del Ministerio del Interior en el espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas. El foco recae sobre el exministro Jorge Fernández Díaz, para quien se solicitan 15 años de prisión, y sobre varios altos mandos policiales, acusados de orquestar un operativo clandestino en 2013 para sustraer documentos comprometedores y frenar el avance del caso Gürtel.
Durante los últimos alegatos, la Fiscalía describió la operación como un plan parapolicial dirigido a localizar y apoderarse de material sensible que Bárcenas podría guardar y que afectaría a dirigentes del Partido Popular. Entre las pruebas presentadas destacan los diarios del comisario José Manuel Villarejo, donde se detallan maniobras, contactos y objetivos del espionaje, así como mensajes de móvil y audios que, según las acusaciones, evidencian la coordinación entre los responsables políticos y policiales.
Uno de los elementos clave es la captación de Sergio Ríos, chófer de Bárcenas, quien admitió ante el tribunal haber colaborado con la trama a cambio de pagos procedentes de fondos reservados. Las agendas de Villarejo y grabaciones ocultas muestran cómo Ríos fue instruido para buscar grabaciones y documentos, incluso de conversaciones entre Bárcenas y altos cargos como Mariano Rajoy y Javier Arenas. Las acusaciones sostienen que la relación entre el chófer y los agentes fue estrechamente controlada y remunerada.
El papel de Fernández Díaz se ha convertido en el eje del debate. Aunque el exministro niega cualquier conocimiento de la operación, las acusaciones se apoyan en testimonios y mensajes aportados por Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, que apuntan a su interés y supervisión directa. Entre los mensajes figura uno fechado en julio de 2013, coincidiendo con la captación del chófer, y otro que informa sobre la obtención de dispositivos electrónicos de Bárcenas. Además, los diarios de Villarejo recogen referencias a comunicaciones con el "número uno" y anotaciones sobre reuniones para tratar grabaciones sensibles.
La vigilancia no se limitó a Bárcenas. La esposa del extesorero, Rosalía Iglesias, también fue objeto de seguimientos policiales, según confirmaron varios agentes y documentos incorporados al sumario. Las actas y fotografías de las vigilancias refuerzan la tesis de que se trató de actuaciones extrajudiciales, al margen de la investigación oficial de la UDEF y sin conocimiento de la Audiencia Nacional.
El control sobre Bárcenas continuó incluso durante su estancia en prisión. Villarejo documentó en sus agendas detalles sobre la vida del extesorero en Soto del Real y conservaba anotaciones manuscritas de la esposa de Bárcenas. Un audio fechado en marzo de 2014 recoge la entrega de papeles por parte de Francisco Martínez, cuyo contenido coincide con el material incautado al comisario.
Las acusaciones también han puesto sobre la mesa la existencia de un proyecto paralelo, denominado SMP, que pretendía identificar irregularidades para intentar anular el caso Gürtel. Este plan, según la Fiscalía, fue impulsado desde la propia Policía Nacional y contaba con un presupuesto millonario, lo que refuerza la hipótesis de una estrategia coordinada para proteger a altos cargos del PP.
El juicio, que ahora entra en un receso hasta el 22 de julio, se reanudará con los alegatos finales de las defensas, que intentarán desmontar los indicios presentados. La expectación es máxima, ya que el caso Kitchen ha puesto en el centro del debate el uso de recursos públicos para fines ajenos a la legalidad y la posible responsabilidad penal de antiguos responsables políticos. En este contexto, resulta relevante recordar que la Abogacía del Estado ya señaló en su momento el papel clave de Fernández Díaz en la dirección de la operación, como se analizó en un reportaje anterior sobre la acusación formal contra el exministro.
La operación Kitchen es uno de los mayores escándalos de espionaje político en la España reciente. El caso Gürtel, al que intentó obstaculizar, supuso la mayor trama de corrupción vinculada al PP y derivó en condenas históricas. La Audiencia Nacional, encargada de juzgar ambos procesos, ha sido escenario de revelaciones que han sacudido la política nacional. El uso de fondos reservados y la implicación de altos cargos han reabierto el debate sobre los límites del poder y la rendición de cuentas en las instituciones españolas.
