La Audiencia Nacional ha finalizado el juicio del caso Kitchen tras más de tres meses y 37 sesiones. La Fiscalía pide hasta 19 años de prisión para los principales acusados. El tribunal dictará sentencia en las próximas semanas.
La Audiencia Nacional ha dado por concluido el juicio del caso Kitchen, uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años en España, tras 37 sesiones celebradas desde abril de 2026. La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, anunció este martes el cierre de la vista oral, dejando el caso visto para sentencia. El proceso ha girado en torno a la supuesta operación de espionaje al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, presuntamente orquestada en 2013 desde el Ministerio del Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Jorge Fernández Díaz, entonces ministro del Interior, lideró una trama para sustraer documentos comprometedores a Bárcenas y evitar que llegaran a los investigadores del caso Gürtel. El ministerio público solicita penas de hasta 15 años de prisión para Fernández Díaz, su ex número dos Francisco Martínez y el exdirector adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino. Para el comisario José Manuel Villarejo, la petición asciende a 19 años, mientras que para Sergio Ríos, el exchófer de Bárcenas captado como confidente, se reclaman 12 años y medio de cárcel.
Las defensas han rechazado de forma tajante la versión de la Fiscalía. El abogado de Sergio Ríos, Javier Ignacio Navarro, defendió que su cliente actuó como confidente en una operación policial legal, sin conocimiento de irregularidades. Según su relato, Ríos fue reclutado por mandos policiales y creyó estar colaborando en un despliegue legítimo. La defensa insistió en que el exchófer, por su posición cercana a la familia Bárcenas, presenció conductas que consideraba delictivas, como el manejo de grandes sumas de dinero y objetos de valor, lo que reforzaba su percepción de estar actuando dentro de la legalidad.
Durante la última jornada, celebrada con la presencia de todos los acusados salvo Eugenio Pino por motivos médicos, las partes expusieron sus alegatos finales. La Abogacía del Estado intervino para oponerse a que la Administración sea considerada responsable civil subsidiaria, como reclaman la Fiscalía y la familia Bárcenas. Al término de las intervenciones, el tribunal ofreció a los ocho acusados la posibilidad de ejercer su derecho a la última palabra. Algunos, como Villarejo y Andrés Gómez Gordo, aprovecharon para reiterar su inocencia, mientras que otros, como Fernández Díaz y Martínez, optaron por no pronunciarse.
Uno de los puntos más controvertidos del juicio ha sido la supuesta entrega y volcado de dispositivos electrónicos pertenecientes a Bárcenas. El comisario Enrique García Castaño reconoció en instrucción que el conductor entregó los aparatos, pero la defensa de Ríos lo niega y asegura que su cliente nunca tuvo acceso a esos teléfonos. Los técnicos policiales que participaron en la extracción tampoco identificaron a Ríos como la persona que facilitó los dispositivos. La defensa insiste en que Ríos fue uno de los siete confidentes de la operación, pero que su actuación no sobrepasó los límites legales.
El caso Kitchen ha generado un intenso debate público y político en España, al poner en el centro del proceso a altos cargos policiales y políticos del anterior Gobierno. La investigación ha revelado el uso de fondos reservados para captar información sobre la familia Bárcenas y ha enfrentado versiones opuestas sobre la legalidad de la operación. En fases previas del juicio, la defensa de Villarejo ya había señalado a Bárcenas como responsable de impulsar la causa mediáticamente, como se recoge en una cobertura anterior sobre las acusaciones cruzadas en el caso Kitchen.
El sumario Kitchen se enmarca en una serie de investigaciones sobre corrupción política en España, con especial atención al Partido Popular y sus antiguos responsables financieros. El caso Gürtel, del que Kitchen es una derivada, supuso uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país. La sentencia que dicte la Audiencia Nacional en las próximas semanas será clave para determinar la responsabilidad penal de los acusados y el alcance de las prácticas policiales y políticas en la gestión de fondos reservados. El proceso ha puesto de relieve la compleja relación entre poder político, cuerpos de seguridad y la justicia en España, y su desenlace será seguido de cerca tanto por la opinión pública como por los actores institucionales.
