España exige la devolución del archivo de la Fundación Franco al Estado como patrimonio nacional. Las autoridades españolas planean requisar el archivo de la Fundación Franco. Los documentos han sido declarados parte del patrimonio nacional. La decisión podría cambiar el acceso a estos materiales históricos.
El Ministerio de Cultura de España insiste en la transferencia del archivo de la Fundación Franco
En 2025, el Ministerio de Cultura de España presentó una iniciativa para recuperar para el Estado un extenso archivo que actualmente está en manos de la Fundación Francisco Franco. El ministerio considera que decenas de miles de documentos recopilados por la entidad deben pertenecer a la sociedad y no a una estructura privada. Para ello, el ministerio planea emplear mecanismos legales para lograr que los materiales sean transferidos a los archivos estatales.
Durante el verano, especialistas del ministerio analizaron más de 27.000 documentos publicados en la web de la fundación. El análisis reveló que la mayoría de los escritos se relacionan con la actividad del jefe de Estado y fueron elaborados en estructuras oficiales, como la cancillería civil y la secretaría del dictador. Según los expertos, estos materiales poseen un valor público y deben estar accesibles para investigadores y ciudadanos.
Los documentos abarcan acontecimientos clave del siglo XX
El archivo de la fundación incluye testimonios únicos que reflejan la vida política y diplomática de España durante la dictadura. Entre ellos figuran correspondencia con líderes extranjeros, informes sobre visitas de altos mandatarios, como la del presidente de Estados Unidos Dwight Eisenhower en 1959 y la de Evita Perón en 1947. La colección también contiene materiales sobre la Segunda Guerra Mundial, la entrada del país en la ONU, relaciones con antiguas colonias y procesos de descolonización, así como documentos relacionados con Gibraltar y el Vaticano.
En total, el archivo cuenta con casi mil documentos de los años treinta, alrededor de 8.500 de los años cuarenta, 9.500 de los cincuenta, 5.700 de los sesenta y más de un millar de los setenta. Además, cerca de dos mil papeles carecen de fecha precisa. El Ministerio de Cultura subraya que, por ley, todos los documentos oficiales creados por funcionarios públicos deben ser depositados en archivos estatales y no pueden permanecer en manos privadas.
El Estado refuerza el control sobre el patrimonio histórico
Los intentos de recuperar el archivo coincidieron con la liquidación de la Fundación Franco y otras entidades vinculadas a figuras de la era franquista. Las autoridades consideran que la actividad de estas organizaciones contradice la ley de memoria y menoscaba la dignidad de las víctimas de la dictadura. Como ejemplo de la exitosa recuperación de bienes históricos para el Estado, se cita el caso del Pazo de Meirás en Galicia, donde el tribunal declaró parte de la propiedad como estatal debido a su relevancia histórica.
En breve, el ministerio espera que las autoridades judiciales respalden la iniciativa para transferir el archivo a la custodia estatal. Si se aprueba la medida, miles de documentos estarán disponibles tanto para el público general como para los investigadores, lo que permitirá replantear las complejas páginas de la historia de España en el siglo XX.
