En Aragón se intensifica el conflicto sobre el estatus del catalán. Las autoridades de Aragón planean revisar el estatus de la lengua catalana. La decisión ha generado desconfianza y protestas en los municipios fronterizos. Incluso dentro del PP surgen críticas a la iniciativa.
Las autoridades de Aragón han anunciado planes para revisar la política lingüística de la región, poniendo en duda el estatus del catalán en las zonas fronterizas con Cataluña. El nuevo acuerdo de coalición entre PP y Vox prevé el fin de la «imposición del catalán», lo que ha provocado una fuerte reacción entre los habitantes de la llamada Franja, territorios donde el catalán se utiliza tradicionalmente en la vida cotidiana y en la educación.
Según estimaciones del Institut Aragonès del Català, en estas zonas viven hasta 50.000 personas para quienes el catalán es la lengua principal de comunicación. Sin embargo, no existen datos oficiales al respecto, y los propios habitantes señalan que el idioma siempre ha formado parte de la identidad local y no había generado controversias hasta la iniciativa del nuevo gobierno. Muchos representantes municipales, incluidos miembros del PP, expresan abiertamente su descontento con los planes de modificar la ley aprobada en 1999 con el apoyo del entonces presidente regional del PP.
Dentro del propio Partido Popular se escuchan voces que califican la alianza con Vox y los intentos de revisar el estatus lingüístico como «incómodos» y excesivamente politizados. En particular, el presidente del consejo comarcal de Matarraña y alcalde de Cretes, Fernando Camps, destaca que hasta hace poco la cuestión lingüística no era motivo de conflicto. En algunos municipios, representantes del PP incluso han apoyado iniciativas para proteger la diversidad lingüística de la región.
Los habitantes de Francha señalan que el catalán aquí se percibe como una parte natural de la vida, y no como una herramienta política. Muchas familias continúan hablándolo en casa y transmitiéndolo a sus hijos, a pesar de la presión de las autoridades. Algunos destacan que los dialectos locales reciben distintos nombres —fragatí, mequinenzano, chapurreau—, pero en el fondo se trata de catalán. Al mismo tiempo, parte de la población insiste en que siguen siendo aragoneses, no catalanes, y no quieren mezclar la cuestión lingüística con la política.
Expertos como el profesor de filología Javier Giralt consideran que el objetivo principal de la iniciativa no es prohibir el idioma en sí, sino cambiar su denominación oficial para evitar asociaciones con Cataluña. La financiación de los institutos lingüísticos ya se ha reducido a cero, lo que pone en riesgo la preservación del patrimonio cultural de la región. Al mismo tiempo, el Ministerio de Cultura de España ha asignado apoyo adicional para la conservación del catalán en Aragón.
Contexto: La ley de 1999 reconoce el catalán y el aragonés como lenguas propias de Aragón. En los últimos años, la cuestión lingüística se ha convertido en objeto de disputas políticas, especialmente tras el fortalecimiento de Vox. En Cataluña y Valencia ya se habían realizado intentos de cambiar el estatus de las lenguas regionales, lo que provocó conflictos similares. Según RUSSPAIN, la política lingüística en España a menudo se convierte en una herramienta de lucha política, especialmente en las regiones fronterizas.
