El PP de Madrid mantiene su respaldo a Manuel Bautista tras su imputación por presunto acoso sexual y laboral. La dirección regional evita exigir su dimisión y traslada la presión al Gobierno central. El caso sigue generando tensión política.
El Partido Popular de Madrid ha decidido mantener su respaldo al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, después de que la justicia lo citara como investigado por un presunto delito de acoso sexual y laboral a una exconcejala del propio partido. La noticia de la imputación, conocida este lunes, ha provocado una reacción inmediata de la dirección regional, que ha reiterado su apoyo de forma contundente y ha evitado cualquier mención a una posible dimisión del regidor.
Alfonso Serrano, secretario general del PP madrileño y mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, respondió con un insistente “por supuesto” —hasta en cinco ocasiones— cuando fue preguntado por la continuidad de Bautista al frente del Ayuntamiento. Serrano, que abandonó con prisa el acto organizado por Nueva Economía Fórum en el hotel Four Seasons, desvió el foco hacia el Gobierno central, lanzando preguntas sobre la responsabilidad de Pedro Sánchez y su entorno, y eludiendo así pronunciarse sobre el futuro político del alcalde de Móstoles.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presente en el mismo evento, optó por no hacer declaraciones a la salida. Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, zanjó el asunto con un escueto “absolutamente”, reafirmando la postura oficial del partido.
La investigación judicial avanza en el Juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer de Móstoles, que ha citado a Bautista para declarar el próximo 9 de octubre. Además, cinco testigos propuestos por la acusación particular comparecerán los días 23 de octubre y 6 de noviembre. El caso ha reavivado la presión política: Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, ha vuelto a exigir la dimisión del alcalde, apelando a la “responsabilidad, ejemplaridad y decencia”. Martín considera que Bautista debió dejar el cargo meses atrás, cuando se conocieron los hechos, y extiende la crítica a la presidenta Ayuso y a la dirección del PP por, según él, haber protegido al regidor y señalado a la denunciante.
El caso tiene antecedentes en la propia estructura del PP madrileño. Según la documentación a la que tuvo acceso EL PAÍS, la exconcejala denunciante recurrió primero a los canales internos del partido tras los hechos ocurridos desde la campaña de las municipales de 2023 hasta su salida en octubre de 2024. En dos reuniones con la dirección regional, en las que participaron Ana Millán, Alfonso Serrano y Lucía Paniagua, la exedil fue presionada para no acudir a los tribunales. El relato de la denunciante describe propuestas explícitas no deseadas por parte del alcalde y, tras su negativa, un proceso de aislamiento y retirada de competencias.
La defensa de Bautista ya había solicitado el archivo de la causa, alegando falta de pruebas y conflictos internos como origen de la denuncia, como se detalló en una reciente información sobre la petición de archivo presentada por el propio alcalde.
El caso de Móstoles se suma a una serie de investigaciones judiciales que han puesto en el centro del debate la gestión interna de los partidos y la respuesta institucional ante denuncias de acoso. En España, los procedimientos por delitos de acoso sexual y laboral suelen tramitarse en juzgados especializados, y la presión política sobre los cargos públicos imputados varía según la formación y el contexto. La citación de testigos y la evolución del proceso judicial marcarán los próximos pasos en un asunto que sigue generando tensión tanto en el ámbito local como en la política madrileña.
