El Senado, con mayoría del PP, frena la ratificación del tratado hispano-francés. El Gobierno acusa a los populares de dañar la relación con Francia. El acuerdo sigue sin fecha de entrada en vigor.
El tratado de amistad y cooperación entre España y Francia, firmado en Barcelona en enero de 2023, vuelve a quedar en suspenso tras la decisión del Senado de elevar una consulta al Tribunal Constitucional. El Partido Popular, que controla la Cámara Alta, ha impulsado este movimiento, lo que implica la paralización inmediata del proceso de ratificación del acuerdo bilateral, ya aprobado previamente por el Congreso.
La clave del bloqueo reside en una cláusula del tratado que prevé la participación rotativa de ministros españoles y franceses en los consejos de ministros del país vecino. El PP sostiene que este punto vulnera la Constitución española, al modificar la composición del Gobierno, limitada por la Carta Magna a presidente, vicepresidentes y ministros. Aunque los ministros de Exteriores de ambos países firmaron en abril un acuerdo interpretativo para aclarar que la presencia de ministros extranjeros sería solo en reuniones separadas y no en el propio Consejo de Ministros, los populares consideran que este matiz no altera el texto original del tratado.
El Gobierno, por su parte, interpreta la maniobra del PP como un intento de debilitar la posición internacional de Pedro Sánchez y de obstaculizar un acuerdo considerado estratégico para las relaciones con Francia, principal socio comercial de España. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha calificado la actuación del PP de "juego muy peligroso" y ha advertido de los riesgos para las exportaciones y los intereses nacionales, recordando la importancia de la cooperación transfronteriza y el volumen de ciudadanos y turistas que se mueven entre ambos países.
No es la primera vez que el PP recurre al Constitucional para frenar el llamado Tratado de Barcelona. En una ocasión anterior, el tribunal archivó la consulta al quedar sin objeto tras el rechazo inicial del acuerdo en el Congreso. Sin embargo, tras un nuevo trámite parlamentario y el cambio de postura de Podemos y Junts, el tratado fue finalmente aprobado en la Cámara baja en junio, pese al voto en contra de PP y Vox.
La nueva consulta al Constitucional deja el acuerdo en un limbo jurídico y político. Mientras tanto, España y Francia no han celebrado ninguna reunión bilateral de alto nivel desde la firma del tratado, lo que, según fuentes diplomáticas españolas, dificulta la cooperación en ámbitos clave como la gestión de fronteras, la cultura, la energía o la agenda europea. Desde el lado francés, la situación genera incredulidad y malestar, y se percibe como un desaire institucional, aunque París evita señalar públicamente a los responsables políticos españoles.
El tratado de amistad y cooperación entre España y Francia pretendía reforzar la colaboración en áreas como la seguridad, la economía, la cultura y la política europea. Francia es el principal socio comercial de España y ambos países comparten una extensa frontera terrestre. Más de 300.000 españoles residen en Francia y cada año millones de turistas cruzan la frontera. La paralización del acuerdo puede afectar a la coordinación en materia de exportaciones, infraestructuras y políticas migratorias. El caso ilustra cómo los equilibrios políticos internos pueden tener consecuencias directas en la política exterior y en la relación con socios estratégicos.
