El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María retira un mural artístico en homenaje a fusilados del franquismo. La decisión genera denuncias legales y críticas por parte de asociaciones y partidos.
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha retirado y destruido un mural escultórico dedicado a las víctimas del franquismo en el cementerio municipal, generando una fuerte controversia política y social. La intervención, obra del artista Daniel Sueiras y donada en 2016, consistía en una decena de rostros blancos que emergían del muro donde fueron fusiladas cerca de 70 personas. La retirada se produjo el 11 de junio durante trabajos de adecentamiento, según confirmó el propio Consistorio, que justificó la acción como parte de un contrato de mejora y pintura de muros.
La reacción no se hizo esperar. El Foro para la Memoria Histórica de El Puerto denunció la destrucción ante la Fiscalía de Cádiz y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, alegando que la actuación vulnera el artículo 62 de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que sanciona la destrucción de lugares de memoria con multas de hasta 150.000 euros. Pilar Peruyera, representante del Foro, encontró las esculturas rotas y mezcladas con basura, lo que incrementó la indignación entre los colectivos memorialistas.
El gobierno local, liderado por el PP, defendió la retirada argumentando que las esculturas eran "caras tétricas" y que el mural representaba "un monumento a la nada". Estas declaraciones, especialmente las del portavoz Javier Bello, han sido interpretadas como una burla hacia la memoria de los represaliados y han intensificado el conflicto. Desde Izquierda Unida, Jose Luis Bueno criticó la decisión y la falta de expediente administrativo, señalando que la orden fue verbal del alcalde Germán Beardo.
El artista Daniel Sueiras expresó sentirse profundamente agraviado, subrayando que nadie le informó ni le ofreció la posibilidad de retirar la obra sin dañarla. Además, lamentó las declaraciones del primer teniente de alcalde, que ironizó sobre el carácter de la intervención. Sueiras estudia emprender acciones legales por daños materiales y patrimoniales, mientras el Ayuntamiento ha anunciado una revisión del procedimiento de instalación del mural, pese a que tanto el artista como el anterior equipo de gobierno insisten en que fue una donación sin coste.
La polémica se suma a otras decisiones recientes del actual gobierno municipal relacionadas con la memoria democrática, como el cambio de nombre de plazas y la recuperación de denominaciones vinculadas al franquismo. Estas acciones han sido objeto de críticas por parte de asociaciones y partidos de izquierda, que ven en ellas un retroceso en el reconocimiento de la memoria histórica local.
El caso de El Puerto se enmarca en un contexto nacional donde la protección de la memoria democrática ha cobrado relevancia tras la aprobación de la ley en 2022. La normativa busca preservar los lugares y homenajes a las víctimas de la dictadura, estableciendo sanciones para quienes los dañen o eliminen. En otros municipios españoles, la gestión de la memoria histórica también ha generado controversias y debates sobre el espacio público y el reconocimiento a las víctimas. En el ámbito de sucesos recientes, la atención pública sobre la protección del patrimonio y la memoria se ha visto reflejada en casos como el robo de objetos de alto valor en comercios, como ocurrió en una tienda de Alcalá de Henares, donde un asalto dejó pérdidas significativas en cartas coleccionables.
La situación en El Puerto de Santa María pone de relieve la tensión entre la gestión municipal, la legislación vigente y la sensibilidad social respecto a la memoria histórica. El desenlace legal y político de este caso podría sentar precedente para futuras actuaciones en espacios públicos dedicados al recuerdo de las víctimas del franquismo.
