La Seguridad Social ha aclarado que, al superar los 545 días de baja médica, el puesto de trabajo no se extingue, pero sí queda suspendido de forma inmediata. En ese momento, la empresa deja de cotizar por el empleado. Esta situación afecta a cualquier trabajador que haya agotado el periodo máximo de incapacidad temporal, fijado en 18 meses.
Al llegar a ese límite, el expediente pasa al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que asume la gestión y sigue pagando la prestación económica mientras se decide el siguiente paso. El Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) revisa cada caso y determina cómo continuar.
En 2023, el Instituto Nacional de la Seguridad Social gestionó más de 400.000 expedientes de incapacidad temporal que superaron los 365 días de duración.
Durante la suspensión, la relación laboral queda en pausa. Lucian Eduard Bighiu, director jurídico técnico de Fidelitis, explica que aunque se interrumpen las cotizaciones, el contrato no se rompe hasta que haya una resolución definitiva.
El Tribunal Médico de la Seguridad Social puede tomar tres decisiones. La primera es el alta médica, que obliga al trabajador a reincorporarse al día siguiente laborable tras recibir la notificación, primero por SMS y después por carta telemática. Los abogados aconsejan avisar a la empresa en cuanto llegue el aviso.
La segunda opción, menos habitual, es prorrogar la baja médica otros seis meses, lo que permite llegar a un máximo de dos años bajo la llamada "demora de calificación".
Según datos recogidos por el diario El País, aproximadamente el 15% de los casos que superan los 18 meses de baja médica acaban siendo reconocidos como incapacidad permanente, mientras que el resto suelen resolverse con el alta médica o con prórrogas excepcionales.
La tercera posibilidad es el reconocimiento de una incapacidad permanente. El INSS distingue entre cuatro grados: parcial, total, absoluta y gran invalidez. La incapacidad parcial da derecho a una indemnización única de 24 mensualidades. La total permite acceder a una pensión del 55% de la base reguladora, que sube al 75% a partir de los 55 años. En los casos de incapacidad absoluta o gran invalidez, la pensión alcanza el 100% y está exenta de IRPF.
Este procedimiento afecta directamente a la estabilidad laboral y económica de miles de personas en España cada año. La suspensión del puesto no supone un despido, pero sí deja al trabajador en una situación incierta. El sistema intenta proteger al empleado y, al mismo tiempo, revisar cada caso de forma individual. Sin embargo, la falta de cotización durante la suspensión puede influir en la carrera laboral y en futuras prestaciones.
En España, la incapacidad temporal es una prestación contributiva para quienes no pueden trabajar por enfermedad o accidente. El límite de 18 meses busca evitar bajas indefinidas y garantizar una revisión médica completa. Según los datos oficiales, la mayoría de los expedientes terminan con el alta médica, aunque un porcentaje relevante deriva en incapacidad permanente. El proceso exige atención a los plazos y comunicación con la empresa para evitar problemas legales o económicos. La claridad en las reglas y la transparencia en la gestión son claves para que el sistema cumpla su función de protección sin dejar a nadie desamparado.
